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Apartan a un funcionario por una presunta revelación de secretos

JOSÉ LUIS CÁMARA | Santa Cruz de Tenerife

El Centro de Inserción Social (CIS) Mercedes Pinto de la capital santacrucera ha vuelto a situarse en el ojo del huracán, a raíz de una investigación judicial que se lleva a cabo en la Audiencia Provincial de Las Palmas.

Según ha podido saber este periódico de fuentes del propio centro, desde hace más de un año hay un funcionario que se encuentra suspendido provisionalmente por una presunta falta administrativa. Las mismas fuentes han asegurado a DIARIO DE AVISOS que dicho expediente se le abrió “por una posible revelación de secretos”, algo que sin embargo niegan desde Instituciones Penitenciarias. Sin embargo, fuentes judiciales han confirmado que el funcionario que está suspendido fue sorprendido en unas grabaciones realizadas por la Policía Nacional, a raíz de un importante caso abierto que en la actualidad está bajo secreto de sumario en los juzgados de Las Palmas.

Aunque el expediente al trabajador del Centro de Inserción Social está paralizado en estos momentos, a la espera de que se resuelva su vinculación con la citada causa penal, las fuentes consultadas por este periódico explican que el funcionario lleva más de un año sin ejercer, aunque cobra una parte de su salario. El hecho de que el referido trabajador del CIS haya aparecido en una de las piezas del sumario penal que está abierto en la Audiencia de Las Palmas, ha provocado que Instituciones Penitenciarias haya dispuesto a su vez una investigación interna que permita esclarecer si hubo algún tipo de irregularidad que pudiera afectar al normal funcionamiento de la instalación que se ubica en la capital tinerfeña.

Pese a todo, desde la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias recalcaron que “no hay ningún expediente abierto a ningún funcionario del Mercedes Pinto”, algo que ni confirman ni desmienten desde la Dirección del centro. Esta misma semana, el DIARIO publicó que un juzgado de Instrucción de Santa Cruz de Tenerife está investigando a una persona que supuestamente habría cobrado por certificar las horas exigidas a penados condenados a hacer trabajos en beneficio de la comunidad. Según reconocieron desde Instituciones Penitenciarias, también en el CIS se empezaron a observar hace unas semanas algunas irregularidades en el cómputo de las horas que debían cumplir en una de las entidades colaboradoras algunos penados. Además, una persona llegó a reconocer que había pagado una cantidad de dinero a cambio de que le conmutaran los servicios que debía cumplir.