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Arado y fuego > Wladimiro Rodríguez Brito

Hemos tenido un verano complicado en el que se han quemado más de doce mil hectáreas en Canarias. Más del ochenta por ciento de la superficie calcinada no ha sido en suelo forestal. Esta es una situación compleja y novedosa puesto que se trata de zonas antaño cultivadas en abandono, pero que continúan siendo habitadas. El mayor problema de los incendios de este verano ha sido la afección a las viviendas en núcleos dispersos. A la vez que se combatían los incendios con los medios disponibles se han destinado importantes recursos a desalojar y mantener a más de quince mil personas fuera de sus hogares. Por otra parte, se han sufrido importantes pérdidas económicas en viviendas, cuartos de aperos, explotaciones ganaderas y campos de cultivo; afortunadamente no ha habido pérdidas humanas. Los incendios, aunque los llamamos forestales, como vemos afectan más a las zonas pobladas. La profunda crisis agraria y ganadera de los últimos cuarenta años ha significado que la población activa del sector primario haya pasado de un cuarenta por ciento a un discutible cuatro por ciento. La situación actual de nuestras medianías hace que la mayor parte de los incendios se hayan generado en zonas de cultivo abandonadas. Como ejemplo los incendios de este verano en Ifonche, Ruigómez, Chipude, Mazo, Benchijigua, etcétera. Así, en la isla de La Gomera hubo que desalojar más de veinte caseríos antes de que el fuego se adentrara en el Parque Nacional de Garajonay. En La Palma, gran parte del incendio de Mazo se desarrolló en el entorno de tierras antaño cultivadas con viña, cereales, pastos y frutales. En el caso de Tenerife, si bien el incendio del Sur hizo daño en los pinares de Adeje, Vilaflor y Guía de Isora, gran parte de la superficie afectada estaba en tierras de pasto y cultivo hasta hace unos años. Está claro que debemos reflexionar sobre lo que ha ocurrido. La crisis agraria y la crisis ambiental son paralelas.

Veamos algunos datos: la superficie destinada a cultivo en Canarias representa un siete por ciento del total, mientras que la superficie forestal es de un quince por ciento aproximadamente. Existe un porcentaje muy significativo de suelo que, si bien no corresponde a las categorías antes mencionadas, ni se cultiva ni se gestiona como suelo forestal. Esta superficie se caracteriza por ser de propiedad privada pero abandonada por sus propietarios, estando las administraciones públicas faltas de competencias y capacidad para gestionarlas. Se da el caso de que existe una importante superficie de suelo forestal que está en manos privadas y carece de gestión. La lucha contra los incendios debe dar un giro importante hacia la prevención. Se debe incentivar y sobre todo no obstaculizar las actividades agrícolas y ganaderas que se realizan aún en nuestras medianías. Nuestro campo es un recurso que tenemos disponible y que puede significar una vía alternativa. Debemos mirar al campo con otros ojos, no solo como recuerdo de los tiempos más difíciles de nuestra historia o desde la rentabilidad económica a corto plazo, sino como una oportunidad de crear empleo a la vez que gestionamos nuestro medio natural y producimos nuestros alimentos. Hay un marco teórico de protección en el papel alejado de la realidad ambiental en el que los usos tradicionales han sido suspendidos bien por falta de interés económico, bien por limitaciones en los usos en parte de las zonas declaradas protegidas. Hemos de dar un cambio importante en Canarias, puesto que gran parte de estos espacios hoy la administración carece de recursos para su gestión, y por otra parte parece razonable volver a incorporar los usos tradicionales de nuestros agricultores y ganaderos. No olvidemos que en Canarias hemos declarado protegido un cincuenta por ciento del territorio, mientras que solo tenemos un presupuesto reconocido para gestionar la superficie forestal, que es el quince por ciento, más el Parque Nacional de Timanfaya y algunos otros espacios litorales. Los tiempos actuales no parecen los más idóneos para poner más recursos económicos y materiales. Ejemplos lamentables como el ocurrido en Valle Gran Rey, en el que la crisis agraria y el descuido de la administración generó que el cañaveral que creció durante más de veinte años sin ningún tipo de gestión diera lugar a una situación peligrosísima con gran cantidad de combustible acumulado a lo largo de todo el cauce del barranco, rodeado de numerosos caseríos. Cuando hablamos del problema de los incendios no podemos separar la gestión de nuestros bosques protegidos de la situación en los antiguos campos de cultivo. La actual situación económica y social implica que nuestros montes sufren un alto riesgo de incendio debido a la falta de gestión pública y privada. Simultáneamente sufrimos una grave falta de empleo en nuestras islas, mientras vemos como el alza del precio de combustible y la especulación en el mercado alimentario hace subir día a día el coste de alimentos y forrajes. Valga como referencia lo que ha ocurrido en menos de un año con el precio del millo, del trigo, o de la soja, que han subido respectivamente un 27%, un 22% y un 90%; si parte de los terrenos llenos de maleza que se convierten en combustible durante el verano se aprovecharan como cultivos y pastos generaríamos riqueza… Hemos terminado una época que planteaba adelgazar al sector primario y potenciar los espacios protegidos con supuestas ayudas comunitarias, que ahora vemos que faltan. El arado y la cultura agroganadera son las herramientas más eficientes para hacer prevención contra los incendios. Por ello parece claro que la política agraria y forestal ha de ir de la mano; la reactivación del medio agrario es básica en la prevención de incendios a la vez que permite reducir la tasa de paro y la dependencia del exterior.

Wladimiro Rodríguez Brito
*Doctor en Geografía