Frente a los habituales esterotipos antiyanquis, los datos oficiales indican que el 47 por ciento del gasto público de los Estados Unidos está destinado a Seguridad Social, Educación y Sanidad (fuente: Office of Management and Budget).
Desmontando también ciertos prejuicios, la Seguridad Social norteamericana garantiza pensiones (de jubilación, incapacidad y viudedad), así como financia los programas Medicare (sanidad para mayores de 65 años) y Medicaid (sanidad para personas con dificultades económicas).
A partir de ahí, los ciudadanos que quieren mejorar las prestaciones básicas que cubre el Estado se las pagan (en el momento de ser atendidos o con seguros privados). ¿Injusto? Bueno, según se mire, porque tanto el empresario como el trabajador pagan menos impuestos, lo que aumenta el importe final de los salarios.
En España, todos los españoles y los extranjeros que residen legalmente tienen derecho a la máxima atención médica posible. Pero ¿por qué se pone el grito en el cielo (recurriendo demagógicamente al término xenófobo) por regular la atención sanitaria a los inmigrantes que residen ilegalmente?
Los inmigrantes que llegan a España incumpliendo la ley son atendidos con cargo a los impuestos que pagan todos los españoles en casos de urgencia (tanto por accidente como por enfermedad) hasta que le den el alta, así como también los embarazos (parto y posparto), y todos los casos de asistencia médica a menores; además, las enfermedades transmisibles como sida o tuberculosis están cubiertas sin necesidad de la tarjeta sanitaria al ser su tratamiento poblacional. Es decir, probablemente sea el país occidental con la aplicación más generosa del principio cristiano de solidaridad.
¿Qué hacen otros países? En Alemania, si un inmigrante irregular acude al hospital… se inicia su expediente de expulsión (en Grecia también); en la ejemplar Suecia (y en Dinamarca y Finlandia), los embarazos y los menores no son atendidos con cargo a los fondos públicos. La objeción de conciencia planteada por algunos médicos (incluso con una campaña pública) es, dicho con todos los respetos, ridícula. ¿Qué pretenden? ¿Un nuevo efecto llamada por la atención médica gratuita indefinida hacia un país con la mayor crisis económica de su historia? Por supuesto que cualquier médico tiene todo el derecho del mundo a atender a los inmigrantes que viven ilegalmente en España. Eso sí, siempre y cuando lo hagan en su consulta privada, y no con el dinero de todos.
*Exportavoz del PP en el Cabildo de Tenerife y en el Ayuntamiento de Santa Cruz