La crisis ha puesto en evidencia a unos pésimos gestores públicos, manirrotos e incapaces, que ahora se ven obligados a reducir drásticamente los gastos públicos superfluos en los que ellos mismos incurrieron anteriormente, en la época de la bonanza. Pero los políticos deben gestionar bien siempre y no sólo cuando no hay, porque nunca sobra el dinero público para pagarse a sí mismos y a sus amigos mariscadas y otras cosas peores. Cuando pase la crisis, que pasará, como todo, nada volverá a ser igual. La ciudadanía se ha dado cuenta ya de que no puede confiar más en una clase política endogámica, que sólo piensa en sí misma, y que es impasible con lo que ocurra a los demás. Los ciudadanos no son sólo electores cada cuatro años o contribuyentes y sujetos pasivos de los impuestos, sino los verdaderos responsables últimos de la cosa pública, por lo que a partir de ahora elegirán mucho mejor a quienes los representen en las instituciones públicas y gestionen lo público en su nombre. Se acabaron los cheques políticos en blanco y las canongías de quienes, fracasados en la sociedad civil, se refugian en la política para avasallar a los ciudadanos y vivir muy bien del cuento, sin dar gongo y sin resolver nada más que su propia situación económica personal, y en algunos casos, la de sus familiares. La gente se ha dado cuenta, con la crisis, de que los políticos pueden convertirse en uno de sus principales problemas, si no los vigila más de cerca y no sólo cada cuatro años, en las elecciones. La reducción del gasto público, además de ser hoy una exigencia clamorosa y perentoria de la gente y una necesidad ineludible, por razones presupuestarias, debe ser una obligación para los gestores públicos siempre. Las administraciones públicas canarias deben realizar inmediatamente una auditoría de gestión profesional y proceder al cierre inmediato de los organismos, empresas e instituciones inútiles de todo tipo que han proliferado como hongos en los últimos tiempos de despilfarro político. Si una empresa o entidad pública no cumple satisfactoriamente con el objetivo para el que se creó, ya no es necesaria, o sencillamente hay otras prioridades en estos momentos, los políticos no pueden obsesionarse, por un falso prurito profesional (que en ningún caso les sería de aplicación, al ser la actividad pública vocacional), con mantenerla abierta a cualquier precio, sino cerrarla. No estoy hablando del tan cacareado y hasta ahora estéril Plan de Reestructuración de las Empresas Públicas, Modernización Administrativa y Redistribución de Efectivos, anunciado al principio de esta legislatura por el Gobierno de Canarias, que desgraciadamente se ha quedado una vez más en cuatro titulares, miles de palabras, toneladas de papeles y unos cuantos miles de euros pagados a unos supuestos expertos. Hablo de realizar una auditoría de gestión profesional, realizada por expertos que analicen el funcionamiento, los costes y los beneficios sociales de todas ellas, para liquidar las que sean innecesarias o echar a los malos gestores. Yo afirmo que si una empresa pública no le sirve para nada a los ciudadanos, no resuelve sus problemas, le cuesta un ojo de la cara y la mayor parte de su presupuesto se va en sueldos de enchufados, hay que cerrarla.

*Abogado, economista, MBA, diputado en el Parlamento de Canarias y presidente federal del CCN 1 @ignaciogonsan