EFE | Madrid
La dotación para la política de Justicia en 2013, prevista en el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE), es de 1.542,85 millones de euros, lo que supone un 4,3 por ciento menos que el año anterior, si bien se mantiene la dotación para el turno de oficio.
El Departamento que dirige Alberto Ruiz-Gallardón dedica 34,15 millones de euros a la justicia gratuita con el fin de que los ciudadanos que acrediten insuficiencia de medios económicos para litigar puedan proveerse de los profesionales necesarios en defensa de sus derechos e intereses.
Justicia pretende aumentar la eficacia en la gestión, modernizar el modelo organizativo y mejorar las infraestructuras tecnológicas con el Plan de Acción de la Modernización de la Justicia 2012-2014.
La mayor parte del presupuesto de Justicia se dedica a políticas de personal, que recibirán 1.259,66 millones de euros frente a los 1.302,17 que figuraban en los presupuestos de 2012, lo que supone un 3,26 por ciento menos.
La disminución del gasto es especialmente destacada en el programa de inversión, al que se destinan 77,06 millones de euros frente a los 90,31 millones de 2012, lo que implica un recorte del 14,6 por ciento.
Dentro de esta última partida, 52 millones de euros se dedicarán a la modernización tecnológica, un 2,9 por ciento menos que en el ejercicio anterior, cuando este capítulo se llevó 53,57 millones.
Este dinero tiene como objetivo asegurar una plataforma informática que garantice la interoperatividad y la compatibilidad de cualquier sistema de gestión procesal, según el proyecto de Presupuestos Generales del Estado.
Dentro de las dotaciones que financian el gasto social, además de la partida para justicia gratuita, se destinarán 1,18 millones de euros para la asistencia jurídica y psicológica a las víctimas de delitos violentos y contra la libertad.
Los Presupuestos Generales del Estado también incluyen la dotación del presupuesto del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que baja un 12 por ciento, al pasar 71,35 a 62,77 millones de euros.
El Tribunal Constitucional dispondrá de 24,28 millones de euros frente a los 25,53 millones de 2012, lo que supone un descenso del 4,8 por ciento.