Mientras Grecia no tiene solución, nos dice en un reciente ensayo el periodista Petros Márkaris, un montón de griegos se beneficia de la crisis. Su análisis, por mucho que nos duela, es aplicable a España milimétricamente.

Entre los beneficiarios del desastre están quienes se enriquecieron con el boom inmobiliario y ahora tienen su dinero a buen recaudo en paraísos fiscales. ¿Les suena eso?

Seguro que sí. Como también les sonará el chollo de decenas de miles de enchufados por los partidos políticos tradicionales en detrimento de los funcionarios de oposición.

O la cantidad de agricultores que, en vez de invertir en tractores, se han gastado dudosas subvenciones de la UE en comprar BMW y otros gastos que son suntuarios.

Pero lo más traumático es que, a mayor presión fiscal para cuadrar las cuentas del Estado, mayor fraude tributario por aquéllos privilegiados que pueden hacerlo.

Me refiero a ese creciente número de profesionales autónomos y de empresas que facturan sin IVA, dejando de ingresar en Hacienda decenas de miles de millones.

Claro que al Gobierno le resulta más fácil penalizar a funcionarios, pensionistas y contribuyentes en general que luchar contra el fraude que supone ese 22% o 23% de economía sumergida y sin control.

No es sólo que los defraudadores dejen de pagar el IVA, sino que esos empresarios fraudulentos también pagan en consecuencia menos impuesto de sociedades y de IRPF, en una espiral de alegre y continuado latrocinio.

Sólo con evitar tanto fraude acumulativo, no harían falta recortes, rescates ni otras cirugías sociales. Pero ¿quién es el guapo que se atreve a poner el cascabel a ese gato?