M. FRESNO | Santa Cruz de Tenerife
El año 2012 está siendo muy complicado para la economía canaria. Y es que la crisis sigue sin darnos tregua: 66 canarios perderán su empleo cada día hasta final de año, lo que elevará el número de parados a 378.000, 8.000 más de los que hay actualmente.
Las previsiones de la Confederación Provincial de Empresarios (CEOE-Tenerife) no dejan lugar a dudas: 12.000 puestos de trabajo menos, con especial incidencia en el comercio y las administraciones públicas, para acabar con 28.000 nuevos empleos perdidos durante todo el año.
El informe de coyuntura elaborado por la patronal tinerfeña y correspondiente al segundo trimestre del 2012 augura, además, un empeoramiento de las expectativas económicas que la patronal achaca a las las políticas fiscales y presupuestarias que se están aplicando por parte de la administración.
Bajo este panorama, la patronal prevé que la economía canaria continúe en recesión lo que queda del año y el próximo. El PIB experimentará una nueva caída en 2013 en un 1%, mientras que la economía española caerá un 1,5%. CEOE-Tenerife estima que, la aportación positiva del turismo, es lo que mantiene la actividad económica canaria, aunque no será suficiente para compensar la caída en el consumo y el “desplome” de la inversión.
“Las políticas fiscales y presupuestarias empeorarán las previsiones en las Islas”
El informe de coyuntura que presenta trimestralmente la CEOE de Tenerife y que analiza las perspectivas económicas de Canarias apunta que el objetivo de déficit público para el 2012 (6,3% para el conjunto del Estado y 1,5% para Canarias) supone un “notable” esfuerzo para todas las administraciones, y aclara que “la financiación de nuestros déficits depende de su cumplimiento”. En este sentido, la patronal señala que es preciso analizar con detalle las condiciones de las líneas de financiación abiertas tanto para España (por la Unión Europea) como para Canarias. “Una reducción sustancial en los tipos de interés de la deuda de las administraciones públicas evitaría imponer cargas adicionales a ciudadanos y empresas”.
Los empresarios consideran que “no es razonable” asumir como “normal” que las empresas sufran las dificultades de financiación de las administraciones públicas. “No es función del tejido empresarial financiar durante meses a las administraciones dilatando el pago de unos servicios ya prestados. No es aceptable que, si las administraciones pudieron ponerse al día en el pago a proveedores mediante los instrumentos puestos a su disposición por el Estado, apenas unos meses después se reproduzca de nuevo una situación de retrasos en los pagos”, se indica en el informe.