J. L. C. | Santa Cruz de Tenerife

El movimiento social Otra Educación Pública es Posible, integrado por asociaciones de madres y padres de alumnos (Ampas), colectivos docentes y estudiantiles, cargó este lunes duramente contra la decisión del Gobierno regional de impedir el debate en el Parlamento de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) Por una Ley Canaria de Educación para mejorar la Enseñanza Pública, que estaba avalada por cerca de 35.000 firmas.

Para Alicia Reyes, una de las portavoces de la promotora que impulsa la ILP y presidenta de la Federación de Ampas Galdós, se trata de un “grave atentado a la democracia y la participación ciudadana”. Reyes recordó que el Ejecutivo decidió la pasada semana impedir que se debata en la Cámara la citada iniciativa ciudadana, argumentando que la misma supondría, de aprobarse, un incremento presupuestario.

“Estamos ante un argumento muy débil. Primero, porque sabemos que la intención de los grupos que apoyan al Gobierno no era aprobarla. Segundo, porque podían introducir, legítimamente, algunas enmiendas a su texto. Y tercero, porque desde la plataforma ya explicamos en la subcomisión de Educación del Parlamento que éramos conscientes de la situación económica y que entendíamos que las mejoras en los presupuestos educativos, hasta alcanzar la media de la OCDE, debía hacerse gradualmente y atendiendo a la realidad económica de Canarias”.

En la misma línea se manifestó Manuel Marrero, otro de los portavoces del movimiento, quien destacó resulta contraproducente que exista la figura de la iniciativa legislativa popular y que en la práctica el trabajo y la ilusión de miles de personas, promotores y firmantes, a los que “solo les mueve la intención de contribuir a la mejora de la educación canaria”, se vea “frustrado” por una decisión que Jerez calificó de “injusta y torpe”.

Fracaso escolar

“Nos esforzamos para contribuir al debate sobre la educación canaria, a la cola del Estado como señalan numerosos informes, y que precisa de un revulsivo y de una ley propia que afronte acciones prioritarias para superar nuestros altos niveles de fracaso y abandono, y para garantizar la equidad y la integración”, aseguró Manuel Marrero, quien reiteró que esta decisión del Gobierno regional supone un “desprecio a la ciudadanía y una manera de entender la política que excluye el debate y la participación”. “El Ejecutivo debe darse cuenta de que su actuación contribuye al desafecto con la democracia”, concluyó uno de los promotores de la plataforma Otra Educación Pública es Posible.