EFE | Sevilla

El Comité René Cassin de abogados de Extranjería ha denunciado este viernes en el Tribunal Supremo a los ministros de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo; de Defensa, Pedro Morenés, y del Interior, Jorge Fernández Díaz, por presunta prevaricación en la expulsión de inmigrantes de Isla de Tierra.

Su denuncia, a la que ha tenido acceso Efe, está firmada por el abogado sevillano Alberto Revuelta e imputa a los tres ministros un presunto delito de prevaricación por vulnerar el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y otras normas internacionales suscritas por España respecto a la protección de los refugiados.

El Comité René Cassin dice que la expulsión por parte de la Guardia Civil a territorio marroquí de los 71 inmigrantes que el 30 de agosto desembarcaron en ese islote español se hizo “soslayando el procedimiento legal de devolución” pues “los demandantes fueron privados de la oportunidad de exponer sus peticiones y circunstancias personales ante una autoridad competente antes de que se les expulsara”.

España violentó el artículo 3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, pues la decisión de expulsar a los inmigrantes a Marruecos, que posteriormente los depositó en la frontera de Argelia sin repatriarlos a sus países de origen, les dejó expuestos “al riesgo de tratos inhumanos o degradantes”, añade la denuncia.

Además, las normas internacionales prohíben “las expulsiones colectivas de extranjeros” sin examinar la situación personal de cada uno y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos obliga a que toda persona detenida “sea informada en el momento de su detención de las razones de ésta y de sus derechos, incluidas las garantías contra la tortura y los malos tratos”.

Añade la denuncia que el Comité de Derechos Humanos de la ONU ha recomendado que todo detenido tenga acceso rápido a un abogado, algo que no sucedió ni durante la estancia de los inmigrantes en Isla de Tierra ni en las embarcaciones de pabellón español en las que fueron trasladados y “obligados a descender al agua ante las costas de Marruecos”.

El Comité asegura que los repatriados viajaron en embarcaciones tipo zodiac de la Guardia Civil, muchos de ellos esposados, y fueron obligados a bajar de ellas “e ir caminando por el agua los últimos 20 ó 30 metros hasta la orilla en territorio de Marruecos”.

Los estados “están obligados a no devolver directa o indirectamente a persona alguna a lugares donde su vida pueda correr peligro”, según los denunciantes, que imputan a los tres ministros españoles un presunto delito de prevaricación por dictar a sabiendas una resolución arbitraria.

Los denunciados son el titular de Defensa porque Isla de Tierra está bajo su jurisdicción, el de Asuntos Exteriores como encargado de los acuerdos con Marruecos y el del Interior como presunto responsable de las órdenes recibidas por la Guardia Civil.

Alberto Revuelta, abogado experto en Extranjería y Derechos Humanos, ha presentado varias denuncias contra el estado español y en febrero pasado el Comité contra la Tortura de la ONU declaró, a instancia suya, que España violó la convención internacional en los hechos que concluyeron con la muerte de un inmigrante senegalés a quien la Guardia Civil de Ceuta pinchó el salvavidas