Visocan es una empresa pública del Gobierno de Canarias responsable de la gestión de las viviendas sociales y de su alquiler. Como muchas otras empresas, en el sector privado y en el público, Visocan está sufriendo las dificultades de la crisis. En los últimos meses el Gobierno redujo el salario de sus altos cargos -igual que en el resto de las empresas públicas-, y planteó un expediente de regulación que seguramente dejará en la calle a una parte de los empleados. Pero eso no resuelve el problema de desfase en las cuentas. Si Visocan dejara de cobrar una cantidad importante de los alquileres por las viviendas -una posibilidad que cada día parece más cercana-, la empresa tendría serias dificultades para hacer frente a los créditos contraídos con los bancos, que permitieron financiar la construcción de las viviendas.

En los últimos días, Visocan ha sido noticia al saberse que ha iniciado varios procedimientos para llevar a cabo desahucios por impago de los inquilinos. La mayoría de los desahucios son por cantidades muy pequeñas -entre los 400 y los 3.000 euros de deuda acumulada-, cifras por las que una entidad bancaria no movería nunca un desalojo. Pero en una época de durísimas vacas flacas, Visocan no dispone de margen de maniobra para retrasar sus propios vencimientos de deuda, que dependen de que se cumplan las previsiones en el cobro a los inquilinos.

Por eso la empresa ha decidido plantear desahucios a los morosos, esperando con ello evitar una escalada de contagio del impago en los bloques que la colocaría al borde mismo de la quiebra.

Comprendiendo las dificultades de Visocan, y la imperiosa necesidad de evitar el impago masivo de alquileres, una empresa pública no puede poner en la calle a una familia con dos menores porque deba 400 euros de alquileres. Parece que esa concreta deuda ha sido asumida por el Ayuntamiento de Santa Cruz, pero el problema persiste en muchos otros lugares.

Hoy mismo, en La Laguna, está previsto el desahucio de una familia de Bajamar, con niños menores y una anciana, y dentro de unas semanas, se producirá desalojo de dos familias monoparentales con menores que dependen de sus madres.

El Gobierno debería plantearse algún procedimiento para evitar que esos desahucios lleguen a producirse. No se trata de abrir la espita a un impago generalizado de los inquilinos, sino de agotar todas las posibilidades de negociación con quienes deben mensualidades.

Se nos ha dicho hasta la saciedad que este es el Gobierno de las personas. Si lo es, debería ocuparse de ellas.