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Desesperanza – Por José Miguel González Hernández

No se trata de estar molesto. Ni siquiera de sufrir problemas que aparentan ser irresolubles. No se trata de un pasajero enfado por haber sido eliminados derechos conquistados que creíamos inalienables. Ni porque se nos han incorporado obligaciones que suponíamos superadas. Se trata de estar descorazonado, no porque las cosas no nos vayan bien, sino porque dentro de nuestras fronteras la luz se apaga. El problema no se ubica en la caída en sí, sino el la posibilidad de revertir la tendencia. Ya no es la economía la que está en un proceso de caída libre. Es la sociedad en general la que está bajo la acción del campo gravitatorio de la política económica imperante. Y como la velocidad de la caída depende de la resistencia aerodinámica junto a la masa respecto a la gravedad, el destino puede parecer que está escrito si antes no lo remediamos. Es España, se prevé la prolongación en 2012 de la recesión, estimando un descenso del PIB que se sitúa en el intervalo del -1,5% y del -1,7%. No obstante, pese a asumir que la economía española se contraerá en 2013, el Gobierno estima que se producirán recuperaciones trimestrales puntuales, ocasionando que en 2014 y 2015 se crezca de forma neta, estableciendo un escenario para dichos años con tasas de variación del PIB del -0,5%, 1,2% y 1,9%, respectivamente. Siento decir que probablemente estén equivocados, puesto que ya para 2013 los pronósticos más acertados se acercan al -1,5% de contracción del PIB con un crecimiento de la tasa de paro hasta colocarla por encima del 26% para la media española, con lo que se incrementará el desempleo caminando con paso firme hacia los seis millones de personas sin empleo, de los cuales 400.000 serán de Canarias. En el plan presupuestario bianual establecido por España, se contempla un ajuste combinado entre incremento de ingresos y reducción de gastos por valor de 38.956 millones de euros en 2013. Por el lado de los ingresos, aparecerán 10.134 millones de euros del recién estrenado incremento del IVA, 2.921 millones de euros de la modificación del Impuesto sobre Sociedades, y el resto de ingresos repartido entre los Impuestos Especiales y la modificación del IRPF hasta alcanzar una cifra total de 15.069 millones de euros. Desde la perspectiva de los gastos, los ajustes (léase recortes) provienen de la reordenación y racionalización de la Administración pública (3.723 millones de euros), de las políticas de empleo (5.746 millones de euros), de 1.391 millones de euros en la modificación de la Ley de Dependencia y los 14.067 millones de euros restantes procederán de las medidas específicas del Estado, de las comunidades autónomas y de la reforma de la Administración Local. A todo esto se pretendía unir una disminución de los gastos en Seguridad Social que se calculaba en 1.040 millones de euros, debido, principalmente, a la modificación de la reducción en un punto porcentual de las cotizaciones sociales en el régimen general, pero al final no va a poder ser. El aderezo posterior incluye una drástica reducción de las inversiones y una latente falta de políticas económicas que incentiven la actividad productiva y el empleo. Todo esto sin contar con los próximos ajustes exigibles para completar las exigencias que Europa establecerá a España respecto al rescate financiero. Por responsabilidad social, hay que advertir a los adoradores tijeriles que, con estas directrices, podemos llegar a una primera, pero no apresurada conclusión: se nos dirige a la insolvencia generalizada en lugar de cambiar el rumbo hacia la senda de la recuperación económica y social. Es mala consejera la inercia cuando se confía en ella, sobre todo si ésta está descontrolada y, si no hay control sobre la tendencia, el peligro se acrecienta. Las medidas actuales no sólo no solucionan las variables financieras, sino que las empeoran. En la actualidad el Estado está más endeudado que nunca (75,9% del PIB, con un crecimiento del 14% en el último año) y con unas perspectivas de devolución cuestionables. Y el silencio sólo alimenta el desastre.

*Director del Gabinete Técnico de CC.OO. en Canarias