El documento nacional de identidad (DNI) marca nuestras vidas para siempre. Lo necesitamos prácticamente para todo. Muchos padres lo sacan a sus hijos recién nacidos para viajar con mayor seguridad por toda España y por el espacio común europeo. Tenemos que mostrarlo a cualquier autoridad que nos lo pida. Lo necesitamos para cualquier trámite administrativo, operación mercantil o financiera; para gestionar cualquier asunto ante un notario y un largo etcétera. Incluso lo necesitan nuestros deudos después de que la palmamos. Tienen que enseñarlo al empleado de la funeraria para que registre nuestra defunción en los juzgados antes de que nos sepulten o incineren. Nos lo piden en los comercios para validar nuestras tarjetas de débito o de crédito, incluso aunque contengan un pin de seguridad personal. Y hasta hace poco servía, asimismo, para acreditar nuestra condición de ciudadanos canarios y viajar con descuentos por las islas y por el resto del Estado español. Y ello fue así porque, hace años, un gobierno del PP, decidió poner fin al engorroso trámite de sacar un certificado de residencia en los ayuntamientos del término municipal de cada cual, cada vez que viajábamos, sencillamente para que nos acogiéramos a los descuentos al transporte que fueron diseñados para aliviar nuestros ya de por sí paupérrimos bolsillos. Pero de repente, otro gobierno del PP, dice que el DNI no sirve y que tenemos que retroceder en el tiempo – y en el derecho que habíamos adquirido -, porque, al parecer, presuntamente, una compañía aérea que todos conocemos, por sí sola, o con la ayuda de una o más agencias de viajes, ha cometido fraude con el manejo de los mentados certificados. De donde se deduce que, dicho segundo gobierno del PP, en lugar de acudir a la fiscalía y de pedir a la policía que descubra a los defraudadores -y a los jueces que los metan en la cárcel- va y decide penalizar a todos los ciudadanos canarios y a los no canarios que residen en el Archipiélago, exigiéndonos que retornemos al pasado y volvamos de nuevo a nuestros respectivos ayuntamientos a sacar el dichoso certificado, para lo cual, como se comprenderá, se exige la presentación, nada más y nada menos, que del DNI de cada uno, como no podía suceder de otra manera. Surrealista como el mismísimo Kafka en sus mejores tiempos. En realidad, lo que nos está pasando a los isleños nos lo merecemos. Porque nos comportamos como borregos asustados ante cualquier perro ovejero que se nos eche encima, tenga collar del PSOE, de Coalición Canaria, o del PP, que es el que ahora está subido en el machito. ¿Alguien ha visto a alguno de los sesenta diputados que toman asiento en la cámara de Teobaldo Power iniciar una acción concertada y solidaria de los tres grupos parlamentarios para tirarle de los pelos… (de la cabeza), a la ministra de Fomento, Ana Pastor (ya dije que somos unos borregos); o de los bigotes al ministro canario (¿?) José Manuel Soria, responsable de Turismo? Es más, ¿alguien ha visto a los diputados y senadores canarios, de los tres partidos con representación en las Cortes, tomarse este asunto como una cuestión de vida o muerte económica para los isleños? Por supuesto que no. Están demasiado ocupados viajando en preferente sin que se les exija certificado de residencia como al común de los mortales.

En las próximas elecciones, que los perros ovejeros me esperen sentado. Iré a votar con mi DNI. Pero en blanco.

¡Puaf, qué asco de canes!