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Educación busca prefinanciar las obras en los colegios de las Islas

JOSE MIGUEL PEREZ
El consejero José Miguel Pérez, junto a María Dolores Berriel. / EFE

J. L. CÁMARA / EFE | Santa Cruz de Tenerife

La educación pública en Canarias corre serio peligro. Eso es, al menos, lo que se desprende de las manifestaciones realizadas ayer en comisión parlamentaria por el vicepresidente y consejero autonómico del ramo, José Miguel Pérez, quien acusó al Gobierno “paralizar” dos partidas económicas para el Archipiélago. La primera, según Pérez, corresponde a los planes de infraestructuras educativas de las Islas, que estaban contempladas por el Gobierno del PSOE. Mientras, la segunda responde al acuerdo de cooperación territorial, del que el consejero dijo desconocer en qué grado se va a mantener. “Espero que ambas tengan respuesta en el Proyecto de Presupuestos”, destacó.

Por este motivo, y a la espera de que lleguen esos más de 100 millones de euros que demanda el Ejecutivo autonómico, José Miguel Pérez afirmó que se está estudiando la vía de la iniciativa privada para prefinanciar las infraestructuras proyectadas o en curso. Para ello, Educación ha encargado a una consultora un informe por 55.000 euros para que estudie esta vía de financiación de las obras educativas y analizar si es posible abordarla sin que suponga un incremento de la deuda de la comunidad. El consejero y vicepresidente del Gobierno de Canarias dijo que esta fórmula podría abordarse solamente si no supusiera un mayor endeudamiento en las cuentas públicas, y entonces sería “una vía abierta para responder a la demanda de infraestructuras educativas”, y eso es lo que se está analizando.

José Miguel Pérez insistió en que en 2012 el Gobierno del PP suprimió la financiación de las infraestructuras educativas canarias y teme que en los presupuestos de 2013 tampoco aparezca ninguna partida, lo que obligó a su departamento a “reasignar recursos para seguir adelante con las obras ya licitadas y adjudicadas”.

En concreto, se reasignaron partidas presupuestarias, “se destinaron fondos Feder y se utilizó inversión del Estado que no tenía un destino finalista para reunir 20 millones de euros”, agregó el dirigente socialista. La eliminación de la financiación del Estado “fue un estrago” y si la tónica continúa en 2013 “será un año muy complicado” y su departamento tendrá “serios problemas” para financiar las infraestructuras educativas, dijo José Miguel Pérez. “Al menos no se ha cerrado ningún centro por recortes”, sino que los cierres que ha habido han sido “por problemas técnicos o razones demográficas”, señaló el consejero, que también informó a la comisión parlamentaria sobre el programa de infancia para los centros docentes públicos, un proyecto piloto que empezó en abril y que intenta prevenir el fracaso escolar desde la base, entre los niños de hasta ocho años de edad.

Las becas, en la última fase

De igual modo, José Miguel Pérez aclaró que las resoluciones de las becas universitarias que todavía no se han abonado “están hechas, al igual que las adjudicaciones”. “Estamos en la última fase, de revisión de las observaciones y reclamaciones que se han presentado”, arguyó Pérez, quien reiteró que el proceso “ha concluido, a pesar de las dificultades”.

“Hay más beneficiarios que el año anterior, y respecto a la convocatoria que se ha abierto ahora, se mantiene la misma partida; será la propia Consejería la que tramite todos los expedientes, con el objetivo de salvar todos los obstáculos que hemos tenido hasta ahora”, concluyó el consejero regional de Educación, del PSOE.

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El Consejo Escolar critica la reforma

El consejero de Educación se reunió ayer tarde con la presidenta del Consejo Escolar de Canarias, María Dolores Berriel, para analizar el informe que este órgano ha realizado sobre el proyecto de ley de reforma educativa. En este sentido, María Dolores Berriel explicó que “la sociedad civil debe tomar parte en las decisiones políticas”. “Pedimos estabilidad en el sistema educativo”, recalcó Berriel, que manifestó que “el déficit que posee el sistema educativo no es culpa sólo del marco normativo, porque España “está por encima” de muchos países que se toman como referencia para elaborar esta reforma.

Respecto al futuro texto legal, María Dolores Berriel afirmó que “el proyecto debe partir del debate y el consenso”. “Respecto al contenido, hay muchos aspectos sobre los que discrepamos, pero hay dos importantísimos. El primera tiene que ver con la participación de la comunidad educativa en los centros escolares. La Constitución reconoce los derechos de los profesores, alumnos y familias ha participar en el control y la gestión, y sin embargo ahora se les relega a un mero papel de asesoramiento”. “El otro tema con el que no estamos de acuerdo es el de las pruebas selectivas que se van a introducir en el sistema, que pueden condicionar los itinerarios personales y profesionales de los alumnos a edades muy tempranas”, espetó Berriel.

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