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Educación, regreso al pasado – Por Roman Rodríguez

La Educación constituye uno de los pilares más importantes de una sociedad. Por ello, en torno al sistema educativo deben establecerse amplios consensos y trabajar, desde la política, las instituciones y el conjunto de la sociedad, por la búsqueda de los máximos niveles de calidad y equidad.

En los últimos tiempos, la Educación en España y en Canarias ha sufrido las consecuencias de significativos recortes presupuestarios, que nos alejan aún más de la media de los países de la OCDE; y que tendrán consecuencias a corto, medio y largo plazo en la formación del alumnado, en la necesaria superación de nuestros elevados índices de fracaso y de abandono escolar temprano (30% frente al 15% de la UE).

Las leyes educativas, además de ese acuerdo mayoritario, deben contar con estabilidad y aplicación durante un largo tiempo. En la pasada legislatura el ministro Gabilondo intentó, sin éxito, establecer cambios en el modelo educativo a través de un gran acuerdo social y político; el PP lo impidió, pese a la rebaja sustancial y el acercamiento a algunas posiciones conservadoras, lo que le alejó de distintos sectores educativos.

Ahora, y amparado en su mayoría absoluta, el PP ha presentado su anteproyecto de Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE). A diferencia del proceso anterior, en esta ocasión ni siquiera se ha contado con la opinión de sindicatos docentes o asociaciones de padres y madres de alumnos. Ni se ha intentado un acercamiento y un debate sobre la propuesta con las distintas formaciones políticas y las comunidades autónomas.

Democracia

Ese déficit democrático también afecta al contenido de la propia ley. Por ejemplo, en el vaciado de los consejos escolares, que pasan a convertirse en órganos meramente consultivos, sin ningún poder decisorio sobre la vida de los centros. Asunto polémico, justo en una sociedad que reivindica mayor participación democrática en todos sus ámbitos; y que choca con el artículo 27 de la Constitución, que señala que “los profesores, los padres y, en su caso, los alumnos intervendrán en el control y gestión de todos los centros sostenidos por la Administración con fondos públicos, en los términos que la ley establezca”.

Asimismo, se produce una preocupante deriva centralista que pretende reducir los contenidos curriculares que hoy pueden establecer las autonomías, en nuestro caso, el canario, bajando del 65% al 55%. Sobre las diferencias entre las comunidades autónomas se ha escrito mucho y tergiversado más. La realidad es que los sistemas educativos están bastante homogeneizados. En el informe PISA destaca al respecto que
las diferencias mayores en los resultados de los alumnos se dan entre los distintos centros (un 20%) y, especialmente, entre estudiantes de un mismo centro, que llegan hasta un 70%. Mientras que entre las comunidades autónomas las diferencias no superan el 4%.

Otro de los ejes de la contrarreforma del PP es la segregación temprana de los alumnos. Hoy existe una educación obligatoria hasta los 16 años. Y, a partir de esa edad, tras finalizar la ESO, los chicos y chicas pueden elegir entre el Bachillerato y la Formación Profesional.

El cambio que propone el PP supone, en la práctica, la reducción de un año en la Secundaria Obligatoria, al convertirse cuarto de la ESO en un curso iniciador al Bachillerato o la FP, pero además ya en tercero las optativas marcarán la elección de uno u otro camino.

Se hace justamente lo contrario de lo que recomienda la OCDE (“evitar los itinerarios prematuros y posponer la selección hasta la secundaria superior”) para combatir el abandono escolar temprano. Para el profesor Rafael Feito se trata de un “colosal error que sólo cabe interpretar en clave de sectarismo ideológico a favor de la división social”, recordando que el país de más éxito, Finlandia, mantiene un tronco común hasta los 16 años.

Otro tanto sucede al establecer la repetición de curso en Primaria para los que no aprueben el examen establecido al final de estos estudios.

La OCDE es tajante al afirmar la inutilidad de hacer que los estudiantes repitan curso, dado que “erosiona la creencia de los alumnos en sus capacidades de aprendizaje, tiende a reducir el rendimiento tanto del estudiante en cuestión como de sus compañeros de clase, es una de las causas principales de abandono escolar, incrementa el coste y el derroche del sistema escolar y aborda el bajo rendimiento demasiado tarde como para poder hacer algo. La tasa de repetición debería reducirse para ser tan próxima a cero como sea posible”, destaca. Wert y el PP no hacen el menor caso a esas recomendaciones.

Reválidas

La de Primaria, al finalizar 6º, es la primera de las nuevas reválidas establecidas. Habrá otras dos: al pasar de la ESO al Bachillerato y al final de este, sustituyendo a la actual PAU.

Filtros para el alumnado que, según señalan numerosos expertos, perjudicarán, especialmente en las primeras etapas, a los estudiantes con menores recursos socioeconómicos familiares. Con consecuencias para los alumnos y para la propia sociedad, que desaprovecha potenciales talentos.

Y, por el contrario, en la LOMCE hay escaso interés en corregir las desigualdades y diagnosticar posibles problemas que dificulten el aprendizaje del alumnado. Solo así puede entenderse que se establezcan programas de refuerzo al alumnado con dificultades en la ESO y no en la Primaria.

Algo completamente absurdo y, aún más, cuando al finalizar la etapa, en 6º, ya se lleva a cabo una auténtica criba que puede determinar el futuro de los alumnos.

A todo ello se suma el rechazo a la coeducación con esa apuesta por apoyar con fondos públicos a los colegios que segregan en función del sexo. Muy en sintonía con otras propuestas ideológicas que ha ido poniendo en marcha el ministro Wert , como la eliminación de la asignatura de Educación para la Ciudadanía de todos aquellos aspectos vinculados con la igualdad entre mujeres y hombres, el respeto a la diversidad de opciones sexuales o el análisis de los conflictos sociales.

Estamos, por tanto, ante una reforma muy ideologizada y segregadora, que huye del debate y el consenso con los sectores educativos, con las formaciones políticas y con las comunidades autónomas; y que no aborda adecuadamente los auténticos problemas del sistema educativo, entre otros aspectos, no entrando en las necesarias modificaciones de la actual formación del profesorado.

Estos asuntos, unidos a la persistente reducción de los presupuestos educativos, van a contribuir a un retroceso de la Educación en España y Canarias, además de hacerla menos justa socialmente y más centralista.

*Diputado en el Parlamento autónomo y presidente de Nueva Canarias