Quince años después de iniciado el conflicto, hay por fin sentencia firme sobre el caso Tindaya. La Sala de lo Civil del Supremo acaba de emitir sentencia dando la razón a Rafael Bittini y a la UTE que resultó adjudicataria del proyecto Monumental Montaña Tindaya. La empresa queda exonerada de devolver los casi doce millones de euros recibidos -considerados por la sentencia como una señal de compraventa- y cuya devolución el Gobierno de Canarias ha exigido todos estos años con ningún éxito. El fallo del Supremo es firme y ratifica la sentencia de hace dos años de la Audiencia Provincial de Las Palmas, que ya daba la razón a Bittini y a la UTE integrada por las dos mayores constructoras españolas. Quince años después, sería una broma decir que se ha hecho justicia en relación a uno de los escándalos más escabrosos y sin sentido de la historia de Canarias, dando la razón tardíamente a quienes fueron acusados de todas las golferías imaginables. El fondo de la cuestión, el que ha impedido que el Gobierno se saliera con la suya en este caso, es que los tribunales interpretan que siempre tuvo conocimiento de los extremos de la operación, que fue visada por el propio Gobierno. Si el Gobierno cree que hubo una estafa en Tindaya, lo cierto es que habría participado en ella, porque todo el procedimiento fue planteado, dirigido y controlado por el propio Gobierno. Eso es lo que dice la sentencia. Lo que no se dice es que después de montar el proyecto Tindaya y financiarlo, el Gobierno se dividió y una parte decidió responsabilizar a la otra. Pero como suele ocurrir en política, ambas partes acabaron poniéndose de acuerdo en tapar sus propias vergüenzas y decidieron cargar contra los funcionarios y contra las empresas implicadas, dejando al margen la gestión de los políticos. Para hacerlo, contaron con el apoyo de los medios de comunicación, que se sumaron alegremente a una de las mayores operaciones de linchamiento mediático de la historia reciente, jaleada con argumentos ecológicos y de decencia pública. Hoy el Supremo coloca las cosas en su sitio: Tindaya fue sin duda un triste fracaso y además nos costó 12 millones de euros. Pero la responsabilidad del estropicio no era de Bittini, un empresario criminalizado al que se arruinó económica y se destruyó moralmente, ni de quienes montaron el expediente siguiendo instrucciones de un Gobierno que se reunió 14 veces para aprobarlo. La responsabilidad última fue de una banda de políticos crápulas y chafarmerjas que reventaron el proyecto para hacerese daño entre ellos y luego se pusieron de acuerdo en señalar para otro lado y pedir penas ejemplares de prisión. La broma nos ha costado 12 millones de euros tirados a la basura, que pagamos entre todos, sin que ningún político deba dar cuentas por el despilfarro… Y como postdata, apenas una pregunta de urgencia: ¿acabará el escándalo de la playa de Las Teresitas como otro Tindaya de cercanías?