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Gobernar es elegir > Francisco Pomares

Las actuaciones frente a la crisis no son neutrales. Repetimos día tras día que al Gobierno (a los gobiernos en general) no le queda margen de actuación, y que su política viene determinada por las condiciones impuestas por la recesión económica. No es del todo cierto. Sin duda la crisis reduce las opciones en juego, pero los gobiernos deciden y eligen, vaya si lo hacen.

El Gobierno acaba de anunciar que se mantiene la tasa de reposición del empleo público en cero. Eso quiere decir que no se va a contratar más personal, y creo que a todos nos parece en principio una medida razonable. Pero no es del todo cierta, porque hay dos excepciones: sólo se ampliará plantilla en Hacienda, concretamente en la Inspección, y en las Fuerzas de Seguridad. El Gobierno ha decidido que recaudar más y proteger el Estado es más importante que mantener quirófanos abiertos o financiar la Ley de Dependencia. Es una decisión ideológica que desvela la existencia de una forma de afrontar la crisis.

Esa que el secretario general del Sindicato Unificado de la Policía -Sánchez Fornet- sintetizó en una sentencia de sólo tres palabras: “Leña y punto”. Más policías para dar leña a quienes protesten (o a los que pasen cerca de quienes protestan) y más inspectores para echar leña al fuego de una voracidad fiscal que va camino de hacer que la quinta parte de la población sostenga al resto. Eso son opciones ideológicas o políticas. Como lo son apoyar las extracciones petrolíferas o la energía nuclear y frenar las subvenciones a las renovables. Como lo es retrasar el rescate hasta las elecciones gallegas y vascas. A mediados de este mes de septiembre, el Consejo de Ministros aprobó por decreto ley hacer efectivo el abono de casi 1.800 millones de euros en pagos retrasados a la industria armamentística, mientras que congelaba los pagos a las farmacias. Se trata de otra decisión para encarar la crisis que implica ideología y defensa de unos intereses frente a otros. En el caso de los 1.800 millones de euros para la industria de la muerte, una parte es para pagar indemnizaciones a una empresa a la que el Gobierno de Zapatero -en cumplimiento de los acuerdos internacionales- retiró el encargo para fabricar las muy dañinas bombas racimo prohibidas por los acuerdos de Dublín. La empresa exigió lucro cesante, y eso es lo que paga ahora el ministro de Defensa, Pedro Morenés. Casualmente, fue el propio Morenés, siendo secretario de Estado con Aznar, quien encargó el contrato a la empresa, en la que luego trabajó como alto directivo -cuando dejó el Gobierno-, y a la que ahora -al volver- le paga las bombas no fabricadas. También es ideología pagar deudas bastante discutibles con los recursos que podían resolver el problema de las farmacias, la asistencia a los dependientes o las dificultades presupuestarias de autonomías como la canaria. Que no se nos diga que el Gobierno no tiene margen de maniobra. Porque sí lo tiene. Y lo utiliza.