EUROPA PRESS | Santa Cruz

El Gobierno de Canarias y el Cabildo de Tenerife han firmado este martes un convenio con el que se garantiza la asistencia a los dependientes -tanto personas mayores como discapacitados- de la isla, que en total suman 3.000 plazas en diversos centros, con un coste de 35 millones de euros.

El dinero ha sido aportado por el Gobierno de Canarias, en sus áreas de Política Social –13,6 millones– y Sanidad –4,9 millones–, así como el Cabildo –que ha aportado 10,3 millones de euros–. La aportación máxima para financiar las plazas de las personas que no tengan reconocida la situación de dependencia supera los 6,2 millones.

La consejera de Cultura, Deportes y Políticas Sociales, Inés Rojas, ha recordado que no se trata de la única política al respecto, ya que “el Gobierno, a lo largo de sucesivos consejos, ha aprobado una serie de servicios que no están contemplados en el convenio y que suponen 2.323 plazas más que financiamos con otros cinco millones”.

Además de las plazas –unas 6.000 en Tenerife– en centros de día y de noche como las residencias, existen más de 14.000 personas que reciben atención a domicilio y 7.000 personas que reciben la atención a través de un familiar en el marco de la ley de dependencia.

“No sólo son las plazas. La ley de dependencia genera empleo y con esta firma estamos cubriendo a aquellas personas ven garantizado su puesto de trabajo”, ha agregado.

Asimismo, Rojas ha informado de que, a lo largo de las próximas semanas, se procederá a la firma de los convenios con las otras islas, después de que también haya sido rubricado en El Hierro.

En lo referente a la lentitud de la tramitación de las ayudas, la consejera ha asegurado que los trámites se van a agilizar. “La evaluación del Ministerio sobre la ley de dependencia es que es muy engorrosa, con una media de 18 meses para la resolución de un expediente y pretende agilizarlo al máximo”, ha apuntado Rojas.

La responsable del área de Política Social ha señalado que el retraso se produce al calcular la capacidad económica de cada uno de los afectados, para calcular la ayuda económica que le corresponde. “Los datos de organismos como el catastro no están actualizados y hemos optado por, previa autorización de los afectados, establecer una relación directa con dichos organismos para tratar de reducir la espera a seis meses”, ha subrayado.

Inés Rojas también ha manifestado que, “por la coyuntura económica”, se ha retrasado hasta 2015 la atención a los dependientes más moderados, prevista para 2012-2014 y que, desde el Gobierno de Canarias, se va a respetar la decisión del Ministerio de priorizar la gran dependencia de todos los expedientes abiertos.

La consejera ha dicho que ya se está trabajando en la prestación de 2013, para que se pueda firmar en unas fechas más tempranas o “incluso prescindir del convenio y hacer la aportación directa a los cabildos”. “Vamos a seguir trabajando, a pesar de la crisis, y estás cuestiones son prioritarias”, ha insistido.

Por su parte, el presidente del Cabildo, Ricardo Melchior, ha asegurado que este convenio para 2012 supone un “alivio importante” para la institución que preside, ya que ha ido adelantando el dinero para cubrir las plazas de dependientes. “El convenio nos permitirá seguir trabajando en este momento en el que los Servicios Sociales son tan importantes y están tan demandados”, ha añadido.

Apoyo de sanidad

Además, ha mostrado su agradecimiento a las instituciones que han negociado el acuerdo –las consejerías de Cultura, Deportes y Políticas Sociales y de Vivienda y Sanidad del Gobierno de Canarias con la consejería de Bienestar, Sanidad y Dependencia y el Instituto de Atención Social y Sociosanitarias (IASS) del Cabildo–.
Canarias es, según Rojas, la única comunidad en la que la dependencia abarca también la sanidad, por lo que el área de Vivienda y Sanidad, de la que es responsable Brígida Mendoza, también ha intervenido en el convenio.

Sanidad ha aportado en torno a 5 millones de euros que, en palabras de Mendoza, ayudarán en cuestiones como “consultas, medicamentos o traslados a centros sanitarios”.

El consejero insular de Bienestar, Sanidad y Dependencia, Aurelio Abreu, ha hecho hincapié en la importancia de los servicios prestados por los ayuntamientos, que han visto reducida en un 43,8 por ciento la aportación del Gobierno central en el Plan Consultado de Prestaciones Básicas, lo que afecta directamente a la atención domiciliaria.

A los recortes también ha hecho referencia la directora de IASS, Margarita Pena, que ha criticado “el menoscabo” que sufre con los últimos reales decretos aprobados por el Estado la Ley de Dependencia, que es “absolutamente necesaria y una de las columnas vertebrales del Estado de Bienestar”.

Administración pública

“Hay otros ámbitos de la administración pública que a lo mejor pueden esperar, pero este no, porque se vincula directamente con las necesidades básicas fundamentales y perentorias de las personas”, ha comentado.

Pena también ha reiterado el compromiso existente, tanto del Gobierno de Canarias como del Cabildo, para “apoyar a los ayuntamientos”.

“Con la modificación de la Ley reguladora de bases del régimen local prevista, se puede ver afectados los servicios que se prestan desde las corporaciones locales”, ha asegurado. Por este motivo, se ha incluido en el convenio la residencia de Nuestra Señora de La Luz de Los Silos y los geriátricos de La Orotava y Arona.