EUROPA PRESS | Madrid

La organización ecologista Greenpeace ha presentado este martes un pliego de observaciones al anteproyecto de Ley de Protección y Usos Sostenible del Litoral en la Dirección General de Costas, en el que pide su anulación porque “modifica y debilita los pilares básicos de la protección del litoral”.

En concreto, ha subrayado que los cambios propuestos por el Ministerio de Medio Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente afectan al dominio público; las servidumbres para proteger ese dominio, que se recortan y reducen a 20 metros; y el plazo de las concesiones de ocupación privada en terreno público, que se extiende a 75 años.

Asimismo, la organización ecologista ha desaprobado que el Ministerio todavía no haya explicado “por qué este proceso de participación y alegaciones públicas se ha abierto solo a los miembros del Consejo Asesor de Medio Ambiente y no a toda la sociedad”

Además, ha denunciado el “oscurantismo” con el que, a su juicio, se ha tramitado la nueva ley, que fue presentada ya como anteproyecto de Ley, y que cuenta con “el beneplácito interesado de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), la Mesa del Turismo o el sector acuícola”.

“Dado el nulo avance en la protección ambiental de la costa y la escasa participación pública a la que el ministro Arias Cañete ha sometido esta reforma, nos tememos que este procedimiento de observaciones sea un mero trámite que incluirá nuevos núcleos amnistiados y atenderá a nuevos intereses privados”, ha asegurado el director ejecutivo de Greenpeace España, Mario Rodríguez.

Por ello, la organización ecologista y otras organizaciones pusieron en marcha la plataforma ‘No a nuestra costa’ en defensa de la Ley de Costas, que también sirve para recoger “las opiniones y consideraciones de la ciudadanía al respecto ante la falta de un espacio de participación pública habilitado por el Ministerio de Agricultura”.