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Greenpeace presenta ante la CE una denuncia contra las prospecciones

AGENCIAS | Las Palmas de Gran Canaria

La organización ecologista Greenpeace presentó ayer una denuncia ante la Comisión Europea (CE) contra los permisos que se han concedido para la realización de prospecciones petrolíferas en aguas cercanas a Canarias.

Al respecto, Greenpeace aseguró, en un comunicado, que dichos permisos “vulneran la Directiva 2001/42 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de junio de 2001, relativa a la evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente”.
Insistió, asimismo, en que las prospecciones autorizadas en Canarias “vulneran total y absolutamente” dicha directiva ya que, “no se han evaluado los efectos significativos de las mismas sobre el medio ambiente”, así como tampoco “se ha tenido en cuenta el criterio de desarrollo sostenible y la enorme riqueza” ecológica de la zona.

Entre los razonamientos expuestos por la organización sobre el incumplimiento de la directiva, subrayaron que “no se han realizado los informes exigidos, no se han realizado las consultas establecidas -en la norma-, lo que implica además el incumplimiento de la directiva 2003/35 sobre derecho de participación que incorpora el Convenio de Aarhus”.

Por su parte, la organización Ben Magec-Ecologistas en Acción se alegró ayer de la decisión de la sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo de admitir su demanda contra las prospecciones petrolíferas. El abogado Pedro Hernández explicó, en una rueda de prensa, el estado de tramitación del procedimiento iniciado a instancias de Ben Magec-Ecologistas en Acción y cuyas alegaciones “de fondo” han sido admitidas a trámite.

El expediente administrativo ha sido devuelto y el Supremo ha emplazado al Ministerio de Energía para que, a través de la Abogacía del Estado, proceda a contestar a la demanda en el término de 20 días hábiles”, agregó.

El abogado Javier Díaz-Reixa destacó que, además de los aspectos formales, como la falta de numerosos documentos del expediente administrativo y que no han sido remitidos por el Ministerio de Energía al Tribunal Supremo, la competencia de otorgar estos permisos de investigación solo corresponde al Gobierno de Canarias.