Han comenzado las clases en todos los niveles educativos y varios miles de alumnos isleños no disponen todavía de un servicio de comedor escolar regularizado, mientras que el servicio de recogida de los niños -quizás parezca una chorrada, pero permite a los padres y madres llegar puntuales a los puestos de trabajo- se encuentra en vías de extinción en los centros públicos. Después de haber sido increpado y hasta zarandeado en la inauguración del curso académico en la Universidad de Las Palmas, el presidente del Gobierno regional, Paulino Rivero, declaró que la apertura del curso escolar “había sido magnífica”, porque el jefe del Ejecutivo sigue empeñado en una lucha contra la realidad más propia de Bárbara Cartland que de un dirigente político. Parece evidente que el Gobierno de Canarias ha intentado que los presupuestos de la Consejería de Educación sufrieran lo mínimo posible en la espantosa tesitura económica y presupuestaria en vigor, pero ese meritorio esfuerzo no justifica la inverosímil cantinela oficial sobre la absoluta normalidad operativa en el sistema público educativo en el Archipiélago. La plantilla docente se ha visto disminuida entre 700 y 870 profesores (según las distintas fuentes sindicales), ha aumentado la ratio de alumnos en las aulas, las sustituciones se han paralizado ad aeternum y aumenta la carga lectiva mientras los centros ven agravada, cada día, su carencia de recursos materiales y técnicos. Ningún titular triunfalista del presidente del Gobierno -ni la vacuidad ortopédica del vicepresidente y consejero de Educación- podrá opacar una realidad cada vez más escuálida y menesterosa y que afecta a la vida familiar cotidiana de todos los canarios. Una educación en ruinas se paga, social y económicamente, durante varias generaciones.
El Gobierno no ha abonado a las universidades las cantidades establecidas en el contrato-programa: sólo a la Universidad de La Laguna le adeuda casi sesenta millones de euros y se rumorea que en el proyecto de presupuestos generales de la Comunidad autonómica para 2013 no se consignará un céntimo de esta cantidad. Porque el Gobierno autónomo no tiene un duro y es más que probable que, antes de finalizar octubre, se decrete, de nuevo, un abrupto cierre presupuestario. Desde las responsabilidades del Ejecutivo sería temerario, desde luego, lanzar soflamas apocalípticas, pero mucho peor aun resulta simular una normalidad que se descubre cada mañana como la flor pútrida de la desesperación gubernamental. Lo cierto es que el país se cae a pedazos y que los servicios públicos educativos y sanitarios están a punto de colapsar económicamente en el filo de los nuevos recortes presupuestarios que se cocinan en Madrid. El Gobierno autonómico no es, desde luego, el principal responsable de esta situación agónica, pero sí debería comenzar a admitir la verdad que ya desayunan amargamente la gran mayoría los ciudadanos de estas islas.