El pasado martes cientos de miles de personas salieron a la calle en Barcelona con un lema clavado en las pancartas y en las gargantas: independencia. La noche anterior el desmedrado Presidente de España contestó con una de sus usuales evasivas a una pregunta sobre lo que se veía venir. No respondió al hecho ineludible de que, si ocurría lo que ocurrió, España se vería dividida de facto, aunque no de derecho. Me lo dijo mi amigo Miguel Riera (director de la editorial Montesinos) hace unos meses: con estas condiciones, a la inmensa mayoría de los catalanes no les paga ser españoles. Y Artur Mas, que tiene poco de simpático y aprovecha el más mínimo resquicio para meter el sacacorchos, dijo en inglés a un periódico británico que, si España no se mueve, el camino hacia la libertad queda expedito.

Los cientos de miles de personas que salieron el martes a la calle en Barcelona lo confirmaron.

La derecha de España va a tener que deglutir una atadura de la democracia, porque cuando un pueblo no quiere convivir con otro pueblo tiene todo el derecho del mundo (y reconocido) a decidir por su futuro.

No lo aceptará la derecha de España y a partir de ahora oiremos consignas, proclamas, descréditos y demás andanadas parecidas a las que se oyeron en la época de Franco.

¿El asunto es sólo económico, el no reconocer el Estado el pacto fiscal y demás asuntos que afectan a la hacienda y a la financiación de Cataluña?

Maldicientemente (y acaso con razón en más de un caso) se repetirá que, siendo catalanes los que gritaron, esa es la explicación. De lo cual se deduce que, por un lado, la crisis hace chillar a buena parte de ese pueblo, o lo que es lo mismo, si el ladrillo aún funcionara en España y el despilfarro cumpliera con su labor, con algunos deslizamientos del Estado el PP y CiU (muy parecidos en lo ideológico) continuarían votando juntos. Por otro, la pregunta: ¿semejante movimiento haría callar a todos los que gritaron, también al voto independentista de Guardiola, por ejemplo?

Es parca la razón, ya digo. Buena parte de los que clamaron lo que clamaron en las calles de Barcelona cumplen con un extremo a la par hoy irrecuperable, gobiérnelos CiU, el Tripartito o el PP: son independentistas; España para ellos es una imposición.
¿Qué queda? Desánimos con un Estado que no ha atendido ni se ha comprometido con un principio a su vez ineludible en las relaciones de diferencia y de convergencia: lo genuino de unos en el marco de todos.

Y eso tiene que ver, en primer término, con el desbarajuste de eso que se llama el Estado de la Autonomías. Este país se dio al placer de aceptar que toda autonomía del Estado (desde Cataluña a Murcia pasando por Canarias) se prodigara como Estado dentro del Estado. Tanto que algunas declaraciones y procedimientos de presidentes autonómicos serían considerados como delito en un país que se llama EE.UU.

En segundo lugar, la puesta en entredicho por el Estado del ejercicio democrático del algunas autonomías. Por ejemplo, el nuevo Estatuto de Cataluña, que fue puesto en jaque por el PP, denunciado por el PP al Tribunal Constitucional y el Tribunal Constitucional decidió.

De donde, si los catalanes se preguntan qué es Cataluña en la unión que los somete, también hemos de preguntarnos que es España en esa coyuntura y por esa condición quién decide en España.

¿España le declarará la guerra a Cataluña porque, con tal categoría, no habrá partidos de fútbol entre el Barcelona independentista y el Real Madrid centralista o el cava tenga una etiqueta de importación?

La derecha de España tiene un problema grabado en sus espaldas: dice defender un Estado que ya no existe y se ampara en una Constitución que suelta agua por varios costados. ¿Que hará la derecha de España desde ese asiento, prohibirá las manifestaciones “inconstitucionales” con esos lemas o retocará los preceptos de los códigos legislativos que no se avengan a mejor razón?
Sin duda, la derecha nacionalista y criolla catalana ha contribuido a la forja del alarido público. Con el victimismo provechoso y con la exclusión de los catalanes que no son de su signo. Pero CiU no es un problema para la derecha de España cuando es útil para gobernar. No lo es ni siquiera en Cataluña con los apoyos del PP. Pero eso (repito) no es el problema. Lo supo la prensa catalana hace ya algún tiempo. De donde (salvo en contados casos de La Vanguardia), el resto es soberanista. El problema de un Estado que dice preexistir cuando no existe como tal es que, para la inmensa mayoría de las voces que gritaron independencia en la manifestación del pasado martes en Barcelona, no hay vuelta atrás; es imposible recuperar la trama perdida del afecto.