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Investigan a una persona por cobrar a cambio de conmutar penas

CIS MERCEDES PINTO
El CIS denunció al juzgado las presuntas irregularidades. / DA

JOSÉ LUIS CÁMARA | Santa Cruz de Tenerife

Un juzgado de Instrucción de Santa Cruz de Tenerife está investigando a una persona que supuestamente habría cobrado por certificar las horas exigidas a penados condenados a hacer trabajos en beneficio de la comunidad. Según reconocieron ayer a este periódico desde Instituciones Penitenciarias, en el Centro de Inserción Social (CIS) Mercedes Pinto de la capital tinerfeña se empezaron a observar hace unas semanas algunas irregularidades en el cómputo de las horas que debían cumplir en una de las entidades colaboradoras algunos penados. Además, una persona llegó a reconocer que había pagado una cantidad de dinero a cambio de que le conmutaran los servicios que debía cumplir como condena por el delito que había cometido.

Los responsables del CIS pusieron el caso en conocimiento de la Autoridad Judicial, que abrió una investigación que todavía está en curso. Instituciones Penitenciarias, en cualquier caso, negó que la persona investigada tenga nada que ver con el propio Centro de Inserción Social, ya que pertenece a la citada entidad colaboradora. Ésta, al igual que el acusado, han sido apartados del programa, por lo que todos los condenados que debían hacer sus trabajos con la misma, han pasado a hacer dichos servicios en otra institución diferente.

Desde el CIS Mercedes Pinto explican que, con el objetivo de facilitar a los penados el cumplimiento de esos trabajos en beneficio de la comunidad, Instituciones Penitenciarias posee numerosos convenios con entidades públicas y privadas de toda la Isla, tales como ayuntamientos, cabildos, Cruz Roja, Protección Civil, asociaciones vecinales, etc. Periódicamente, técnicos del CIS supervisan que los penados están cumpliendo las horas a las que han sido condenados, así como los trabajos que realizan y la idoneidad de las mencionadas entidades colaboradoras.

En cada entidad existe una persona encargada de certificar el cumplimiento de esas horas. En el caso que actualmente investiga el juzgado santacrucero, al menos un penado confesó haber pagado para que le certificaran las horas exigidas. En el caso de que el investigado fuera un funcionario público, podría tratarse de un delito de cohecho, mientras que si no lo fuera podría ser imputado por un delito de falsedad documental, que puede derivar en una estafa procesal. Según establece el Código Penal, “los trabajos en beneficio de la comunidad, que no podrán imponerse sin consentimiento del penado, le obligan a prestar su cooperación no retribuida en determinadas actividades de utilidad pública. Su duración diaria no podrá exceder de ocho horas”. Entre sus condiciones se establece “la ejecución se desarrollará bajo el control del juez o tribunal sentenciador, que, a tal efecto, podrá requerir informes sobre el desempeño del trabajo a la Administración, entidad pública o asociación de interés general en que se presten los referidos servicios”.

Delitos menores

De igual modo, no atentará a la dignidad del penado; el trabajo en beneficio de la comunidad será facilitado por la Administración, la cual podrá establecer los convenios oportunos a tal fin; gozará de la protección dispensada a los penados por la legislación penitenciaria en materia de Seguridad Social; y no se supeditará al logro de intereses económicos”. En Canarias, en estos momentos, la mayor parte de las personas que cumplen condenadas de servicios a la comunidad cometieron delitos relacionados con el tráfico, tanto por alcoholemia como por conducir sin la licencia oportuna, porque no la tienen o porque la han perdido por los puntos. También hay otras condenadas por delitos de violencia de género.

Los trabajos suelen depender de la cualificación de cada persona, pero existe un apartado genérico de servicios generales que se realizan dependiendo de la época del año y que incluyen mantenimiento general, limpieza o atención directa a las personas de la entidad donde se desarrolle el servicio. En todo caso, casi todas las penas se cumplen en el lugar de residencia y si no existe un convenio directo se comunica con el ayuntamiento de la localidad pidiendo la plaza y la mayoría aceptan el trabajo.