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“La reclusión del joven en Nivaria fue un auténtico despropósito”

JUICIO PHILIPP GARCÍA
Los siete acusados, durante una de las sesiones del juicio que se celebra en el Palacio de Justicia. / S. MÉNDEZ

JOSÉ LUIS CÁMARA | Santa Cruz de Tenerife

Visto para sentencia. El juicio por el fallecimiento en el centro de menores Nivaria del joven Philipp García Zoch, ocurrido el 12 de noviembre de 2004, vivió ayer su capítulo final con la exposición de las conclusiones por parte de la Fiscalía, la acusación particular y los abogados de los acusados. Las partes, como ha ocurrido durante los cuatro días que duró la vista, mostraron posturas enfrentadas, por lo que habrá que esperar la determinación que tomarán los jueces.

Para el abogado que representó a los padres del menor, Sergio Arbelo, los testimonios ofrecidos por educadores, vigilantes y peritos que actuaron como testigos, demuestran que en el centro se cometían “numerosas irregularidades”, algo que también corroboró la Guardia Civil y la jefa del Grupo de Seguridad Privada de la Policía Nacional.

Por ello, Arbelo afirmó que “la institucionalización de Philipp fue un auténtico despropósito; fue funesta”. “Si no condenamos a estas personas, colocamos a los menores en situación de impunidad”, agregó el letrado, que pidió penas que van entre los tres y los seis años de cárcel para los siete acusados, así como indemnizaciones que oscilan entre los 120.000 y 300.00 euros.

Y es que, según explicó en sus conclusiones finales, “todos los peritos rechazaron que el chico tuviera ideas autolíticas, por lo que no se puede descartar la intervención de terceros en su muerte”. Además, como ya publicó este periódico, “la autopsia pudo ser insuficiente”, aunque en dos ocasiones se determinó que la causa del fallecimiento fue el suicidio”.

En la orilla opuesta, los abogados defensores exigieron la libre absolución de los acusados, porque “no se ha podido demostrar que hubiera torturas, coacciones ni daños a la integridad moral de Philipp García”. En concreto, el abogado de la empresa Seguridad Integral Canaria dejó claro que “no han quedado acreditadas las supuestas torturas”, por lo que insistió en que “no se puede culpar a la seguridad privada de la situación en la que se encontraban entonces los centros para menores con medidas judiciales”, como el de Nivaria. El letrado reconoció que “Philipp no estaba en el lugar adecuado, pero todos los chicos que estaban allí eran potenciales delincuentes, y él mismo había intentado asesinar a un educador en otro centro”, recordó.

Una opinión que compartió la abogada de uno de los acusados, que consideró que el proceso tuvo una instrucción demasiado “larga” y “densa”. Se trata de un caso mediático, que en su momento creó mucha alarma social”, arguyó la abogada, que hizo hincapié en que “nadie dijo con certeza que se hubieran utilizado grilletes u otros elementos de contención mecánica o psiquiátrica” con los menores, algo que causó una enorme controversia entre los cerca de treinta testigos que intervinieron en la vista oral. La defensa, no obstante, reiteró que “los centros no estaban preparados”, pero recalcaron que “no se puede pagar un error con otro”, porque la seguridad privada con la que contaba Nivaria en este momento, a pesar de sus “fallos estructurales y de formación, no puede ser responsable del trágico fallecimiento de un menor que tenía problemas”.