Como si se tratara de un concurso de despropósitos y, como siempre, de manera unilateral, el Partido Popular da un paso más en perjuicio del ciudadano presentando el Anteproyecto de Ley para la Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local.
Un documento que pretende aprobarse sin consenso, sin reflexión, utilizando el rodillo y sin tener en cuenta que una reforma legislativa que afecta a todos los municipios, y por tanto a todos los ciudadanos, debería hacerse con la suficiente calma y solvencia. Lamentablemente no es así, y el documento, que en La Laguna rechazamos por ineficaz e incompleto, parece tener un único objetivo: criminalizar a las corporaciones locales y culparlas de un déficit que no es, ni de lejos, responsabilidad municipal. Muy al contrario, si no fuera por los servicios que prestan los ayuntamientos, la fractura social de este país ya se habría producido hace mucho, toda vez que el Estado y el PP que lo gobierna no hacen más que ahogar al más débil.
Para que se hagan una idea, y con las cifras en la mano, el déficit público representa, en la actualidad, un 72 % del PIB. De esta cifra, el 55 % corresponde al Estado, el 13 % a las Comunidades Autónomas y solo el 4,06 % a los ayuntamientos. Así que, por más que el PP lo intente disfrazar, el Anteproyecto que daría lugar a la reforma de la Ley 7/1985 que regula las Bases del Régimen Local, es una cortina de humo que encubre un objetivo más oscuro: el despido masivo de trabajadores públicos por lo que, de aprobarse, supondría la quiebra del ya maltrecho Estado del Bienestar que tanto costó conseguir a nuestros predecesores.
El Anteproyecto carece, además, de todo rigor desde su mismo inicio: en primer lugar, en su articulado no se desarrollan ni resuelven los objetivos planteados en la exposición de motivos que son, resumiendo, racionalizar los recursos económicos; definir las competencias y, en el caso de la Intervención, restablecer la dependencia funcional del Estado. Tampoco viene acompañado de ningún estudio económico que explique y defina claramente dónde se debe hacer esa racionalización, ni de qué modo. Y, lo que es más preocupante, no garantiza la autonomía local, obviando que somos los ayuntamientos los que resolvemos, porque conocemos sus caras de cerca, los problemas básicos y diarios de los ciudadanos.
Hay varias preguntas que podían hacerse a los redactores del Anteproyecto. En primer lugar: si en ayuntamientos como el de La Laguna dejamos de prestar competencias como las ayudas a ONGs, ayudas de primera necesidad que permiten que los más desfavorecidos sobrevivan, ayudas a los clubes deportivos, a la vivienda, atención domiciliaria, escuelas infantiles, ocio formativo, obras en infraestructuras educativas… ¿quién va a prestar esos servicios? La respuesta la tenemos muy clara: nadie.
El debate no es si hay o no que quitar municipios, sino si es rentable y, sobre todo, admisible que el ciudadano pierda el acceso a la administración a través de su corporación más cercana. Por más que se intente confundir a la opinión pública y arrojar la pelota de la incompetencia a otro tejado, las dificultades de los municipios vienen determinadas por la escasa financiación que tenemos para asumir servicios que, efectivamente, nos son ajenos, pero que no vamos a dejar de prestar, en estos momentos, porque si no, nadie lo haría.
Los ayuntamientos debemos exigir un nuevo sistema de financiación y una reforma que sí creemos necesaria, la de la Ley de Haciendas Locales, no la de Régimen Local. Por ello, en el próximo Pleno en La Laguna elevaremos una moción para solicitar que no se lleve a trámite parlamentario este Anteproyecto sin que haya consenso con los ayuntamientos. No es el Congreso el lugar adecuado para buscar ese acuerdo, es el ámbito municipal. Somos los ayuntamientos quienes debemos tener la palabra ahora y luchar para que no se ponga en marcha la aprobación de una Ley que no haría más que perjudicar a los ciudadanos. Y eso, en La Laguna, no lo vamos a permitir.
* Alcalde de San Cristóbal de La Laguna