avisos políticos > Juan Hernández Bravo de Laguna

La mano que mece la cuna > Juan Hernández Bravo de Laguna

La semana antepasada afirmábamos que parece razonable exigir la dimisión o el cese de la delegada del Gobierno central por su actuación y sus declaraciones sobre los incendios canarios de este verano. Ahora tenemos que exigir también la dimisión del consejero de Seguridad del Gobierno de Canarias. No es de recibo que, ante un incendio sin extinguir en La Gomera, con el anuncio de una ola de calor inminente y con el peligro de una evolución incontrolable del fuego, rebajara el nivel de alerta de 2 a 1, lo que implicaba automáticamente la retirada de los medios del Estado, entre ellos los famosos hidroaviones. Unos medios que poco después tuvieron que ser solicitados de nuevo. Y no valen las explicaciones del consejero de que fue una decisión de los técnicos y de que los niveles de alerta están tasados. En una democracia no gobiernan los técnicos, sino los políticos, que son los responsables de las decisiones. Y la decisión del consejero agravó una situación ya de por sí grave y retrasó peligrosamente la extinción del incendio. Así lo han entendido los vecinos de Valle Gran Rey, que se han manifestado al respecto y han pedido explicaciones. De cualquier forma, hay que reconocer que el consejero desempeña una Consejería absurda y sin pies ni cabeza, que mezcla la Economía, la Hacienda y hasta la Radiotelevisión con la Seguridad. Y no se puede saber de todo ni estar a todo.

El Gobierno canario se ha apresurado a aprobar unas ayudas para los afectados, con destino a la renovación de enseres, rehabilitación de daños estructurales y no estructurales en viviendas, reposición de viviendas irrecuperables, que han de ser derribadas, y alquileres transitorios. Por su parte, el Gobierno central ha solicitado a la Unión Europea que active el Fondo de Solidaridad previsto para estos casos. Resulta obligada la aprobación de estas ayudas, pero hay que exigir que se hagan efectivas a la mayor rapidez, y que su percepción no se vea dificultada por nuestra asfixiante burocracia y nuestros no menos asfixiantes burócratas, acostumbrados a crear problemas a los ciudadanos en lugar de resolvérselos, como está ocurriendo con la gestión municipal de los certificados de residencia. Los precedentes de los incendios del sur de Gran Canaria de hace cinco años y del más reciente terremoto de Lorca, por ejemplo, no son muy halagüeños. En el medio rural canario abundan las edificaciones fuera de la legalidad y los falsos cuartos de aperos, y, a buen seguro, ahí va a estar el primer problema para el cobro efectivo de las ayudas prometidas.

Todos los expertos se muestran de acuerdo en que el 95% de los incendios forestales es provocado, bien por imprudencia grave, bien por intencionalidad criminal. De modo que se trata de no facilitar las cosas a los incendiarios y adoptar medidas preventivas en cuanto a los aprovechamientos forestales, la limpieza de fincas, huertas y bancales, la quema vigilada de rastrojos y demás. Unas medidas que antes eran prácticas habituales de nuestros campesinos y que hoy han sido reprimidas y han caído en el olvido por la evolución económica, las leyes y las políticas forestales. También se impone el control de los accesos al monte en las épocas de riesgo, un control que se puso en práctica en algunas zonas después de los incendios y que no se entiende por qué no se ha llevado a cabo desde siempre. Además de prevenir los incendios forestales, nos parece que daría algo que hacer a nuestros flamantes policías autonómicos. Y a ciertas policías locales les proporcionaría una actividad alternativa a perseguir conductores para cubrir su cupo de multas.

Desde sectores nacionalistas y no nacionalistas se formularon quejas por la no presencia en las zonas incendiadas de ningún miembro del Gobierno central, al menos para mostrar su apoyo a los afectados. Es verdad que faltaron reflejos en Madrid, aunque habría que añadir que tampoco acudió ningún ministro a los incendios de la Península y Baleares, incluso con víctimas fallecidas en Valencia y Alicante, y que, en caso de comparecer, con toda seguridad alguien les hubiera acusado de venir a hacerse la foto.

Los canarios tenemos tendencia a una cierta mimosería y victimismo, fruto de un intenso complejo de inferioridad y caldo de cultivo del nacionalismo. Eso nos hace creernos únicos y especiales, sin querer darnos cuenta de que las demás regiones españolas tienen sus propios problemas y sus propios incendios, iguales o mayores que los nuestros. Hemos optado por la autonomía política en un Estado descentralizado, hemos optado por un Parlamento y un Gobierno con un gran número de competencias propias, lo que significa que debemos asumir las responsabilidades correspondientes y hacer frente a nuestro futuro. ¡Ah! Y no hay ningún contrato entre Canarias y el Estado, como dice Paulino Rivero. Entre otras cosas, porque, de acuerdo con la Constitución, las Comunidades Autónomas son Estado; no están aparte, sino que forman parte del Estado. En resumen, sería bueno que nos hiciéramos mayores y aprendiésemos a resolver nuestras cosas solos, sin estar todo el día esperando a que Madrid -papá y mamá- venga a solucionarnos la vida, a consolarnos y a darnos palmaditas en la espalda; sin estar todo el día lloriqueando con la mano tendida. Y, sobre todo, sin morder la mano que nos ayuda y mece nuestra cuna.