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Los más débiles > Leopoldo Fernández

Nadie quiere perder derechos. Ni ayudas y prestaciones. Ninguna persona en sus cabales da por buenos los recortes que se vienen produciendo en el Estado del Bienestar. Las partidas más importantes de los presupuestos van a parar a la educación universal, la sanidad gratuita y las pensiones, que forman tres de los cuatro pilares básicos de ese Estado que, tras los duros años de posguerra, comenzó a consolidarse en los países occidentales. El cuarto pilar son los servicios sociales, que incluyen las ayudas a familias, discapacitados físicos y síquicos, escuelas de infancia, exclusión social, dependencias varias, servicios a domicilio, inmigración, drogadicción, desestructuración familiar, reinserción social, ancianos solos o abandonados, mujeres afectadas por violencia doméstica, madres solteras, etc. Y todo ello basado en lo que la propia Constitución considera un derecho de las personas, no un servicio de beneficencia. Pero, ¿qué pasa si no hay dinero suficiente para estas atenciones básicas? Este es el centro de nuestros problemas: que sólo podemos dar por bueno el Estado de Bienestar que seamos capaces de pagar. Sencillamente, no hay dinero para todo. Pero parece obligado el mantenimiento de la mayoría de los servicios referidos, en especial los destinados a la infancia desvalida y a la tercera edad con limitaciones diversas. En este contexto, son dignos de encomio los acuerdos suscritos, por una parte, entre el Gobierno de Canarias y el Cabildo de Tenerife para financiar 3.000 plazas para personas con diversos grados de vulnerabilidad en residencias y otros centros asistenciales, y por otra, entre el Instituto Municipal de Atención Social santacrucero y 14 empresas para la ayuda a domicilio y atención a un millar largo de personas mayores necesitadas de asistencia. Y otro tanto cabe decir del proyecto anunciado por el Ayuntamiento capitalino de poner en marcha, en cada barrio santacrucero, un centro de día para atender a los menores en situación de vulnerabilidad, quienes podrán comer allí y realizar actividades formativas y recreativas. Benditos ejemplos que, para evitar los dramas sociales, deben cundir allí donde sea posible y, sobre todo, inspirar al Gobierno autonómico, que ostenta la mayoría de las competencias, a la hora de emprender una política social digna de ese nombre.