Lejos de buscar puntos de encuentro y desactivar los obstáculos del camino, las relaciones entre los gobiernos de Canarias y de España siguen una peligrosa deriva sin que nadie advierta los potenciales peligros que surgen cuando quienes se encuentran a la cabeza de las instituciones se desvían del rumbo que propicia y serena la normal convivencia ciudadana, al margen de las circunstancias sobrevenidas. En medio del ruido de la crisis económica -con su secuela de apreturas, recortes, manifestaciones y protestas varias- y de las frustraciones debidas a la ligereza con que actúan algunos responsables políticos, aquí y en Madrid, el presidente del Gobierno y de CC , Paulino Rivero, ha salido al ruedo de la controversia y ha dicho que le gustaría que en las Islas hubiera una mayoría social para reivindicar “lo que es justo” y llegar a una unión política como la que percibe en Cataluña. Según él, sería necesaria una “mayoría social” frente al trato “injusto” y el “atropello” que reciben las Islas en cuestiones como financiación autonómica, recorte de inversiones, incumplimientos del Régimen Económico y Fiscal y supresión de las tasas aéreas.

Revestido de cierto empaque soberanista, el presidente propugna la revisión del “contrato con el Estado” y opina que “los intereses de las Islas” se defienden mejor si todos nos mantenemos unidos, desde los partidos políticos a los sindicatos, los empresarios y los ciudadanos, mostrando así una sociedad “más “madura” ante la falta de “tacto, sensibilidad y equidad” del Gobierno del Estado. A su vez, el vicepresidente y secretario regional el PSOE, José Miguel Pérez, niega que Canarias esté enfrentada al Estado o que mantenga posiciones “soberanistas”; lo único que hace -afirma- es rechazar unos recortes que afectan a su “sostenibilidad económica”. Otros responsables públicos, nacionalistas y socialistas, aluden a “prepotencia”, “agravios” y “agresión permanente” del Estado a Canarias”, al “avivamiento de los sentimiento soberanistas”, incluso a la necesidad de que aquí se produzca “una manifestación similar a la de Barcelona”.

El mimetismo político tiene estos efectos y lo ocurrido en Barcelona es demonizado por unos mientras otros lo elevan a los altares de lo justo y necesario, en la vía del nacionalismo más visceral. En todo caso, ni en Canarias, existe un sentimiento identitario de tan amplio respaldo social y cultural, ni la complicidad de nuestros políticos con iniciativas del tenor de la catalana, de fuerte carga independentista, sería capaz de movilizar y dar sentido unitario a las plurales opiniones de los eventuales manifestantes. Otra cosa sería la defensa de intereses generales más amplios y de hechos diferenciales evidentes, o la denuncia, al margen de emotividades políticas, de un trato indebido, incluso injusto, por parte del Gobierno central hacia Canarias en materia de recortes económicos, aunque el Ejecutivo regional no está obviamente exento de culpas ante nuestro pobre estado de postración. Pero para ponerse al frente de un acto de masas, donde es preciso sumar y no dividir, hacen falta coraje y determinación, credibilidad, ejemplaridad y capacidad de liderazgo. Y, por encima de todo, respaldo popular, algo que desgraciadamente no reúnen hoy por hoy nuestros principales dirigentes políticos. En Barcelona fueron organizaciones cívicas de ropaje independentista, ANC y AMI, las que organizaron la manifestación del día 11, a la que seguramente se sumaron de buena fe algunas gentes hartas de la crisis económica.

Los partidos fueron cogidos a contrapié, desbordados por los acontecimientos, y salvo PP y PSC (parte de su ala catalanista sí acudió), al final se vieron arrastrados. La propia CiU buscaba especialmente un respaldo para el pacto fiscal que Artur Mas reclamará el día 20 a Mariano Rajoy pero al final el president se quitó la careta y, amén del citado pacto fiscal, apostó abiertamente por el independentismo. La posición de Mas queda ahora muy comprometida en el camino de alcanzar la “plena libertad para l pueblo de Cataluña”. Al actuar más como líder de un partido que como responsable del Gobierno de la Generalitat, ha dejado en el desamparo a aquellos ciudadanos del centro y la derecha catalana que votan a CiU y que, aun compartiendo la idea de que Cataluña recibe una financiación injusta, se sienten catalanistas , nacionalistas moderados o simplemente no desafectos a España, lo mismo que sucede con militantes de la izquierda, sean o no socialistas o comunistas. En función de los pasos que dé, su socio de Gobierno, la UDC que lidera Duran Lleida, puede romper con la Convergencia de Pujol y Mas, además de perder los apoyos del PP catalán. El nuevo PSC tras el reciente relevo de su dirigencia, ha dicho que nones al pacto fiscal y se ha desmarcado abiertamente, incluida Carme Chacón, de las posos independentistas, matizando incluso las catalanistas.

Por otra parte, el pacto fiscal y la Hacienda propia no son factibles según la Constitución, como no lo es un referéndum secesionista. ¿Qué salida le queda a Mas en medio de los escándalos de corrupción de su partido, la oposición de buena parte del empresariado, la necesidad de apoyos parlamentarios para aprobar nuevos ajustes y la gravísima crisis económica de Cataluña, con deudas superiores a los 41.000 millones de euros que necesitan del apoyo inmediato de Rajoy? O sigue adelante con su proyecto de “transición nacional”, adelantando incluso las elecciones, o, si fracasa, muere políticamente. El pacto fiscal ni siquiera frena sus aspiraciones independentistas, que pasan también por crear nuevas “estructuras de Estado” para ir preparando la independencia…
En cualquier caso, las salidas al problema son ahora mismo más que complejas. Las desafecciones recíprocas, la sensación catalana de que el resto de España se aprovecha de unas aportaciones a las arcas públicas que sobrepasan lo razonable, la limitación del soberanismo, la reafirmación de los procesos identitarios y algunas otras diferencias entre Madrid y Barcelona no sé si los políticos serán capaces de reconducirlas con imaginación, empatía, buena voluntad y altas dosis de realismo, para mantener el legado de la Historia, la unidad de España y la cohesión de una sociedad heterogénea. Eso sí, conviene distinguir entre manifestaciones y voluntad popular porque no siempre las primeras expresan el sentir mayoritario de la sociedad. Sean cuales fueren las consecuencias de la Diada, no me parece que sea bueno, ni políticamente correcto, trasladarlas a Canarias. Entre nosotros los etnicismos y radicalismos independentistas son muy minoritarios.

En todo caso, no discuto su presencia en la sociedad, ni me opongo, faltaría más, a su derecho a existir. Simplemente, no comulgo con las políticas excluyentes, las reacciones excesivamente emocionales, la mística fanática y los aldeanismo desaforados y falsificadores. Prefiero un nacionalismo moderado, constitucional, integrador, no excluyente, abierto y generoso. Lo que hasta ahora, prácticamente sin matices, ha venido representando CC. Y eso no es precisamente lo que ha quedado reflejado en Cataluña.