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Montalbán: “Recortar las licencias y permisos de los jueces tendrá efectos devastadores en Canarias”

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El descontento generalizado entre los trabajadores no faltó a la cita en Las Palmas. | ÁNGEL MEDINA (EFE)

T.F. / AGENCIAS | Las Palmas de Gran Canaria

La ceremonia de apertura del Año Judicial 2012-2013 en Canarias se convirtió ayer en el escenario propicio para que tanto la vocal territorial del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Inmaculada Montalbán, como el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), Antonio Castro Feliciano, coincidieran en sus críticas contra la anunciada reforma de la Ley del Poder Judicial. Para completar el panorama, una representación de los trabajadores recordaron desde fuera que también tienen motivos para quejarse, opinión que comparte la propia Montalbán.

Centrados en los principales discursos del acto, la vocal se destapó con una censura acerada a una medida que ya ha provocado el rechazo unánime de magistrados y fiscales de Canarias, augurando incluso “efectos devastadores” en la Administración de Justicia en el Archipiélago en caso de aplicarse la temida reducción de licencias y permisos de los jueces.

Se refiere la representante del órgano del Poder Judicial a una reducción de los días libres que en la actualidad disfrutan los magistrados. Explicó Montalbán que “no son privilegios”, pues obedecen a la especial dedicación y responsabilidad que comporta el ejercicio de su profesión, y ha advertido que su reducción, de implantarse en Canarias, puede producir “una desolada vacancia” en los puestos de trabajo, tal y como recoge Efe.

La explicación radica en que buena parte de la plantilla tiene origen y familia penínsular, y la medida puede desencadenar una desbandada que, obviamente, traerá el caos propio de semejante deterioro en la prestación de servicio público tan esencial como este.

También se refirió Castro al asunto aunque su discurso fuera más recatado en las formas. Le bastó al presidente del TSJC recordar la unanimidad en el rechazo que sobre esta propuesta (u otras como la de las sustituciones) ha generado en las principales asociaciones de jueces y fiscales. Pero también puso el acento Castro Feliciano en lo que entiende como intento de “control político” en la reforma anunciada. Hacía así hincapié en la necesaria independencia de la Justicia, característica que, junto a la agilidad en su administración, calificó como fundamental.

Fue llegado a este punto cuando el discurso de Castro Feliciano alcanzó su mejor nivel al remarcar que “el generalizado e inaceptable retraso que se refleja en las estadísticas judiciales es censurable desde todos los puntos de vista”.

La del ciudadano “que ve cómo se retrasan sus asuntos en cuestiones a menudo muy delicadas, de las que a veces depende su propia seguridad o incluso su sustento”.

La del propio juez que, “como cualquier otro profesional, pretende desempeñar su trabajo de forma responsable, con la exigible dedicación a cada asunto, pretensión que hoy se encuentra por lo general comprometida por el inasumible volumen de procedimientos que diariamente se registran en los Juzgados”.

Y la del Estado, “cuyas leyes deben garantizar los derechos de los ciudadanos, pero que en la práctica, no lo consiguen” porque “se le presta poca atención desde los poderes públicos”.

El descontento generalizado entre los trabajadores no faltó a la cita en Las Palmas

Su presencia se daba por descontado y allí estuvieron. El doble recorte efectuado en los salarios de los trabajadores de la Administración de Justicia ha dinamitado la paz social que tanto costó alcanzar en su día y el descontento se ha traducido en una serie de protestas que están lejos de terminar, tal y como han manifestado en repetidas ocasiones los distintos portavoces sindicales. Lo peor es que en esta ocasión no se divisa en el horizonte una solución que pase por una mesa de negociación, sino que se enmarca en el deterioro global del llamado Estado de Bienestar español.