INMA MARTOS | Santa Cruz de Tenerife
“Estamos aquí para parar un desahucio de menores; las riñas entre vecinos y cómo vive cada quien no nos interesan”, dijo ayer Inma Évora, portavoz de la Plataforma de Afectados por las Hipotecas, durante la concentración convocada para evitar el desahucio de una vivienda de El Sobradillo, propiedad de dos menores de edad, sobre los que pesan una deuda de 400 euros.
Los miembros de la Plataforma llegaron a las diez de la mañana, hora a la que se suponía que estaba previsto el desahucio por parte del juzgado de una vivienda social en el número 4 de la calle Grulla, en el barrio santacrucero de El Sobradillo, aunque minutos después la propia plataforma comunicó que se había logrado aplazar un mes. La vivienda se subrogó al hermano mayor de edad de tres, al fallecer su abuela, titular del alquiler de la casa hasta el momento, según explicó Évora.
Impagos
Tras dos años de impago de los 24 euros de mensualidad que corresponden al alquiler, la empresa pública Viviendas Sociales e Infraestructuras de Canarias (Visocan) interpuso una denuncia en el juzgado, según informaron fuentes del Gobierno de Canarias. “No es tanto una cuestión de dinero, sino de tiempo”, dijeron fuentes de la Consejería de Vivienda. Además, explicaron que “otras familias podrían aprovechar este recurso”. En total, la deuda asciende a menos de 500 euros, afirmó Inma Évora, quien defiende el derecho de los menores de la familia a la vivienda, como única prioridad, frente a otros intereses o conflictos concurrentes.
Denuncias vecinales
Al margen de este impago, los vecinos del edificio han interpuesto varias denuncias al hermano mayor de esta familia por distintas causas. Según explicaron fuentes de la Plataforma, el joven tiene en la actualidad una orden de alejamiento del propio edificio. Los menores, al parecer, viven hace unos meses con el padre, junto con la pareja de éste. No obstante, según afirma Évora, ellos también tienen derecho a esta vivienda. “Los conflictos vecinales que los arreglen los jueces”, dijo la portavoz de la Plataforma.
La familia lleva doce años viviendo en el piso, y es el padre del joven mayor de edad y de los niños de ocho y diez años quien se había hecho cargo del pago del alquiler hasta que pudo afrontarlo. Nieves Sánchez, la pareja del padre de los niños, que acudió ayer junto a la Plataforma al lugar del desahucio, comentó que el padre lleva cuatro años en el paro y que a pesar de que había solicitado en varias ocasiones la Prestación Canaria de Inserción, el Ayuntamiento de Santa Cruz aún no se la había concedido y “no nos han sabido explicar por qué”.
Para la Plataforma, el aplazamiento del desahucio no es una solución porque, según explica Évora, “se trata de viviendas para personas con escasos recursos y lo que no puede hacer una empresa pública es actuar como una privada y echarlas a la calle”. Además, Inma Évora aseguró que “no es el primer caso que nos llega. De hecho, el próximo martes hay ya un alzamiento para desahuciar a una mujer de 21 años y su hija menor, y nuestros abogados llevan dos casos más”. Por eso, indicó, “en el conflicto vecinal del caso de los dos menores no está el trasfondo de la cuestión”. Además, la plataforma aseguró que por parte del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha habido buena predisposición en el caso, e incluso se han ofrecido a saldar la deuda de la familia.
Protocolo
José Manuel Corrales, concejal de Izquierda Unida-Por Tenerife (IU-XTF) en Santa Cruz, se congratuló de que el desahucio de los dos menores en El Sobradillo se haya evitado, aunque reconoció “la existencia de un conflicto vecinal que debe resolverse de forma inteligente y con acciones preventivas de mediación social”.
Corrales reconoció las gestiones realizadas por el Ayuntamiento y por el propio alcalde, en este asunto en concreto, de acuerdo a lo establecido en el Protocolo Antidesahucios y espera que la situación de muchas familias que están desesperadas se resuelva de una forma eficaz, para lo que exige al Ayuntamiento que cumpla el Protocolo aprobado por el pleno de la Corporación municipal.
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El Ayuntamiento pidió el aplazamiento
Según la versión del Ayuntamiento de Santa Cruz, “siguiendo con el protocolo antidesahucios aprobado en pleno municipal, el consistorio envió una carta a la presidenta de Visocan, Inés Rojas, para pedirle la posibilidad de proceder a un aplazamiento del desahucio hasta que el Instituto Municipal de Atención Social (IMAS) pagara la cantidad adeudada”. Fue el propio concejal de Asuntos Sociales, José Manuel Arocha, quien se ofreció a pagar la deuda, aunque Visocan no ha aceptado en este caso.Por otra parte, indicaron que “a través de los Servicios Sociales municipales se ha intervenido en varias ocasiones para mediar en este conflicto, ya que había dos menores en la vivienda”. Los informes resultantes se pasaron ya a la Dirección General del Menor y son ellos los que han actuado. Si se produjera finalmente el desahucio, los menores podrían quedar en situación de desamparo, lo cual sería competencia del Gobierno Autónomo, aclararon fuentes municipales.
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