NOELIA RAMOS (EFE) / TINERFE FUMERO | Melilla / Santa Cruz

Las islas y peñones que España posee en el Norte de África se han convertido en el nuevo frente del problema de la inmigración, debido a que el refuerzo de la seguridad en torno a la valla fronteriza entre Melilla y Marruecos ha obligado a las mafias que controlan el tráfico de personas a buscar nuevas vías de penetración en la Unión Europea.

La llegada de inmigrantes a estos pequeños enclaves, algunos como el caso de la Isla de Tierra casi desconocido y deshabitado, es algo novedoso, ya que solo se viene produciendo desde hace unos meses.

Hasta la llegada ayer de 68 inmigrantes a uno de los tres islotes que componen el archipiélago de Alhucemas se habían registrado al menos otras doce llegadas, pero ninguna con una cifra tan elevada de subsaharianos. En el grupo hay tres menores, que estaba previsto que fueran trasladados a Melilla en las próximas horas, por ser los más vulnerables, mientras que los restantes quedarán en el islote a la espera de buscar una solución en colaboración con las autoridades marroquíes.

La primera se produjo el pasado 3 de mayo a la Isla del Congreso, perteneciente al archipiélago de las Chafarinas, donde arribó una pequeña embarcación con seis inmigrantes.

Días más tarde una segunda barca llegaba al mismo lugar con otros seis inmigrantes, mientras que el 15 de mayo la cifra de inmigrantes ya fue mayor, en concreto 18, entre los que se encontraba seis mujeres, una niña y un niño.

El refuerzo de la vigilancia en Chafarinas puso cierto freno a esta situación, aunque de manera esporádica se producía alguna que otra llegada.

Sin embargo, la voz de alarma saltó el 19 de agosto, hace justo dos semanas, con la aparición en el Peñón de Alhucemas de una embarcación con 41 inmigrantes.

Aproximadamente la mitad de los indocumentados fueron trasladados a Melilla, en tanto el resto fue llevado a Almería, ante la saturación del Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) de la ciudad autónoma, que había albergado ese mismo día a unos 60 inmigrantes que consiguieron saltar la valla la noche antes.

El pasado miércoles día 29 surgió un nuevo frente, la Isla de Tierra, situada a escasos diez o treinta metros de la costa marroquí, según la pleamar o bajamar, adonde llegaron otro 19 inmigrantes.

El Gobierno actuó en esta ocasión de manera distinta, ya que, en lugar de trasladar a los inmigrantes a Melilla y la península, decidió dejarlos en el islote, con la asistencia humanitaria garantizada.

Solo se llevaron a la ciudad autónoma tres bebés, su madres y una mujer en avanzado estado de gestación.

La llegada de 68 indocumentados más abre el debate sobre qué hacer, sobre todo, para evitar un efecto llamada.

Buscar un arreglo

Fuentes del Ministerio del Interior aseguraron ayer a Efe que se trata de buscar una solución en colaboración con las autoridades marroquíes.

Mientras tanto, la guarnición militar destinada en el Peñón de Alhucemas, próximo a la Isla de Tierra, se ha encargado de dar asistencia humanitaria a los inmigrantes que desde el miércoles permanecían en la zona, a los que se les ha suministrado mantas, agua y comida.

Por su parte, el delegado del Gobierno en Melilla, Abdelmalik El Barkani, dijo hace unos días que no se puede admitir el chantaje que emplean las mafias que trafican con seres humanos y que apelan a la fibra humanitaria de España para permitir la apertura de nuevas vías de acceso a territorio español de inmigrantes irregulares.

“Las pretendidas nuevas vías de acceso a territorio español por parte de inmigrantes irregulares no pueden estar al servicio de las mafias que negocian sin pudor con los seres humanos”, aseguraba entonces.

Lo que se pretende así es evitar que las islas y peñones españoles se conviertan, en palabras del delegado, en una especie de “puente aéreo” de entrada en Melilla o incluso a zonas de la península.

El Ejército custodió la isla de Lobos hace un decenio

Las Canarias orientales cuentan con un considerable número de islotes que ya se vieron hace diez años afectados indirectamente por otra crisis en los peñones españoles junto a la costa mediterránea de Marruecos, aunque en aquella ocasión los motivos eran de carácter político.

Fue el 11 de julio del año 2002 cuando un grupo de seis gendarmes marroquíes instalaron tiendas de campaña en una pequeña explanada situada entre las escarpadas paredes de roca de la isla de Perejil, en disputa entre España y Marruecos y situada a unos 200 metros del reino africano.

Si bien Rabat justificó la invasión en la necesidad de establecer en el peñasco un observatorio contra la inmigración ilegal y el tráfico de drogas, Madrid la consideró como una agresión a su soberanía, contando con el pleno respaldo de todos los países de la Unión Europea salvo Francia y Portugal.

En los días siguientes, el Ejército español desplazó tropas a otros islotes que consideró en riesgo, incluido el canario de isla de Lobos, adonde se desplazaron efectivos del Regimiento Soria número 9, que velaron por la seguridad de sus deshabitadas 41 hectáreas.

Los militares permanecieron en la isla de Lobos aún incluso después de que el 17 de julio de 2002 un comando español desalojara a los gendarmes marroquíes sin que tuvieran que hacer uso alguno de la fuerza.