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El paro y las administraciones > Leopoldo Fernández

Ya se han divulgado las cifras sobre el paro en agosto. Mal para la Península, Baleares y ciudades autónomas, y mal también, pero menos, para Canarias. En las Islas, 1.119 desempleados que restar sobre el mes anterior, una cantidad ridícula si se tiene en cuenta que los parados llegan a 288.666 según el INE, más de 360.000 con arreglo a la más fiable EPA, que da para toda España la cifra de 5,7 millones largos de inactivos forzosos. Lo peor es que, visto en perspectiva histórica, el desempleo continúa, afecta a 30.000 ciudadanos más que hace un año y no se atisban circunstancias económicas que puedan propiciar la generación de actividad económica, con la consiguiente creación de puestos de trabajo. Sigue sin haber financiación, y la reforma laboral, lejos de propiciar el empleo, ha asentado, sí, a empresas que estaban en un tris de cerrar, pero a su vez ha facilitado despidos y más paro. Al haber caído tanto éste, descienden también los cotizantes de la Seguridad Social -que han pasado en apenas tres años y pico de más de 20 millones a 17 millones-, de ahí la necesidad de echar mano de las reservas de dinero guardadas para los pensionistas, y aumentan los perceptores de subsidios y la cuantía de los mismos. En estas circunstancias, y aparte la iniciativa privada, las administraciones públicas, con el Gobierno canario a la cabeza, y en especial la Consejería de Medio Ambiente, están llamadas a dar la talla y tirar del carro de la creación de riqueza y multiplicación del trabajo. No pueden seguir paralizados más de medio centenar de planes generales de ordenación y centenares de proyectos inversores, en especial de tipo turístico, por cuestiones burocráticas la mayor parte de las veces; proyectos que pueden crear empleo, mucho empleo. O se acelera su aprobación o se acelera su aprobación, naturalmente siempre que se cumpla la ley. No hay otras alternativas. Ya está bien de disculpas, autojustificaciones y retrasos. Algunas iniciativas relevantes, varias a cargo de capital foráneo, aguardan turno desde hace cuatro años o más, y la Administración no mueve un papel, ni tampoco ofrece justificaciones. No hay derecho a tanto pasotismo, o rigorismo extremo, o qué sé yo. Entre unas normas urbanísticas desfasadas, engorrosas y aun contradictorias, unos funcionarios timoratos e ineficientes y una dirigencia política incapaz de liderar confianzas y cabal desempeño profesional, ¿quién va a invertir en esta tierra? ¿Acaso los responsables públicos canarios se eximen de toda responsabilidad?