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Pensar la secesión – Por Alfonso González Jerez

Un amigo (o eso parecía) descuelga el teléfono, escandalizado por lo que llama mi posicionamiento españolista en un articulito sobre el follón catalán. Cuando empleo esta expresión, el follón catalán, mi amigo se enerva aun más.

-Si hablas de follón catalán parece que les están echando la culpa a los catalanes.

-¿La culpa de qué?

-Del follón.

-Bueno, ¿y cómo quieres que lo llame? ¿El follón madrileño?

-No es mala idea.

Los nacionalistas (o las reivindicaciones soberanistas) son así de tiquismiquis. Un servidor no está en contra de la secesión de Cataluña si una mayoría muy cualificada de los ciudadanos de viven en Cataluña así lo deciden. Eso, sin embargo, no ha ocurrido hasta ahora. Tal y como se están poniendo las cosas, quizás a medio plazo sería el mecanismo a emplear. Hablo de una mayoría cualificada porque no se trata de votar sobre si cenar carne o pescado o elegir el color de las paredes de la cocina. Romper con un Estado y convertirse en otro es un asunto sumamente delicado, complejo, arduo y contra lo que suelen proclamar sus evangelistas (eso se verá después) caro. Caro en términos económicos y políticos. Una mayora electoral muy cualificada es la que refuerza las garantías democráticas a la hora de tomar una decisión estratégica de una importancia histórica, con un impacto que se extenderá durante generaciones. En un artículo muy interesante, Roger Senserrich proponía una “teoría práctica” para los procesos secesionistas, ejemplificándola en el caso catalán. Antes de detallar su propuesta concreta señalaba las dificultades y reservas que una simple mayoría aritmética puede deparar. “Cataluña vota por la secesión, un 51% de los sufragios a favor, pero en la provincia de Barcelona ha votado en contra el 53% (…) ¿Qué hacemos? ¿Hacer pasar por el tubo a la mayoría de los habitantes de la provincia más habitada del nuevo Estado?”. ¿Y si por un porcentaje del 0,5% de los votos ganan los contrarios a la secesión? Para evitar estas circunstancias, una suerte de coitus interruptus consultivo, Senserrich sostiene, atinadamente, que deben buscarse y aceptarse fórmulas que integren carácter democrático y estabilidad política en la toma de decisiones. Por eso propone (aunque se trate más de un ejercicio politológico que de otra cosa) un primer referendum, que exija un 60% de los votos globales a favor de la independencia y más de un 50% en cada una de las cuatro provincias catalanas. Después de negociar la secesión entre la Generalitat y el Gobierno español (durante el plazo de un año) el Ejecutivo catalán presentaría las condiciones pactadas a sus ciudadanos y se celebraría un segundo referéndum con las mismas normas porcentuales.

Se trata de una propuesta de laboratorio. Ni el Gobierno de Mariano Rajoy, que dispone de una amplia mayoría absoluta en las Cortes, estaría dispuesto a admitirlo, ni el Gobierno catalán (al menos, un gobierno de CiU) parece dispuesto a correr el riesgo de una ruptura unilateral, por más que la presión política y social (que necesariamente no devendría en una mayoría electoral prorrupturista) les obligue a multiplicar gestos y acentuar retóricas independentistas. Lo que ceba el movimiento independentista catalán en los últimos años son factores económicos y financieros: en medio de una recesión pavorosa el argumento del expolio fiscal a Cataluña se entremezcla con los sentimientos identitarios y la defensa de particularidades culturales, y los galvanizan. La independencia es una reivindicación-percha donde se cuelga emocionalmente todo: el republicanismo, el rechazo de la deuda pública como motor de nuevas desigualdades sociales, la fascinación por el poder político de la burguesía catalana, el temor de la pauperización de las clases medias, la indignación por el trato insultante e idiota de la derecha política y mediática española, la excitación por un primer paso que debe llevar a la revolución social, el terror a los cambios y el sabor de la épica política para las tiernas o chillonas juventudes del país. Cataluña, en este retrato manchado por tantos pinceles hastiados o indignados, es dibujada como una nación rica, próspera y responsable atormentada por las chinches españolas. Es un argumento que cuenta con cierta base real en términos exclusivamente presupuestarios. Un brillante economista catalán e independentista (aunque trabaja como profesor en Columbia) Xavier Sala i Martín, cifra en 300.000 millones de euros, nada menos, lo que Cataluña ha transferido al Estado desde 1980. Es una cantidad muy abultada, ciertamente, pero durante treinta y dos años. Anualmente Cataluña habrá aportado a la Hacienda Pública española unos 10.000 millones de euros, alrededor de un 8% de su PIB (a mí me sale un 7,5%, pero yo, triste de mí, ay infelice, no imparto clases en la Universidad de Columbia). ¿Es demasiado? ¿Explica dicha cifra el pavoroso derroche en el que se embarcaron los gobiernos catalanes, y sobre todo los del Tripartito que presidieron sucesivamente Maragall y Montilla, durante los cuales la deuda pública catalana se incrementó elefantiásicamente? No sé si sería demasiado impertinente (o estúpido) preguntar si un gasto inferior al 8% de tu PIB en los países que forman parte de su entorno económico y capta más del 90% de tus exportaciones (industriales, agrícolas, comerciales) no podría considerarse, al menos parcialmente, como una inversión a medio y largo plazo. Tal vez resulta, porcentualmente, demasiado. Pero no termino yo de entender que, para resolver esta situación, la secesión del Estado español sea la vía más práctica, efectiva y, sobre todo, indolora, y no, por ejemplo, la articulación de un nuevo sistema de financiación económica que no modifique únicamente los repartos de gastos e ingresos, sino las propias normas de funcionamiento tributario, imponiendo un método consensuado de corresponsabilidad fiscal entre todas las comunidades y el Estado.

El profesor Xavier Sala i Martín asevera que, después de salir del Estado español, la flamante República de Cataluña tendría una deuda pública equivalente al 70% de su PIB, “bastante inferior a la deuda pública española en relación a su PIB y a la media de la deuda pública europea”. Eso es cierto. Pero el lastre de la deuda pública no guarda una correlación directa con su porcentaje del PIB. España tenía hace año y medio una deuda pública sobre el PIB muy ligeramente superior a ese 70% y su situación crediticia en el mercado internacional no ha dejado de empeorar. Porque, como muchos economistas han advertido, entre ellos, el doctor Xavier Sala i Martín, la gravedad en la situación de la deuda pública no depende del porcentaje del PIB, sino de las expectativas del país en poder pagarla en tiempo y forma, y esas expectativas se degradan vertiginosamente en un contexto de parálisis económica, destrucción empresarial, desempleo creciente y hundimiento del consumo. Resulta curioso que no se suela mencionar la deuda privada catalana, la mayor del Estado español en términos absolutos, y que se eleva a 150.000 millones de euros: 1,8 veces el nivel de depósitos de la Comunidad.

La independencia política no sería un gran negocio para Cataluña. Si una mayoría amplia y estable de catalanes quiere fundar su propio Estado que lo haga. Como ciudadano español y canario los apoyaré. Pero yo les pediría a mis amigos catalanes que refexionaran fríamente sobre las virtudes, peligros y defectos del proyecto de fundar y sostener un Estado propio, y si ese objetivo sería útil, provechoso y benemérito para la mayoría social de su país. Porque el principio básico de toda política progresista y democrática debe priorizar los derechos de los ciudadanos concretos y no las insaciables mitologías de un territorio, sea una finca de caza, sea una nación secular, espacios a menudo poco discernibles.