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Prudencia, mesura… – Por Leopoldo Fernández Cabeza de Vaca

Tengo la impresión de que la llamada cuestión catalana no está siendo tratada con la prudencia y la inteligencia que el caso aconseja. El órdago lanzado por el presidente de la Generalidad, Artur Mas, va de momento de farol, aunque no por ello debe restársele importancia, ni mucho menos. Digo de farol porque el Parlamento autonómico, con 84 votos a favor de los 131 emitidos por los diputados, se ha limitado a aprobar el jueves pasado una propuesta de resolución -redactada por CiU y ERC, con 84 votos a favor de los 131 emitidos por los diputados-, para convocar, “prioritariamente durante la próxima legislatura”, una consulta en la que “el pueblo de Cataluña pueda determinar libre y democráticamente su futuro colectivo”.

A estas alturas se desconocen los términos exactos de la consulta, la fecha de realización y los efectos jurídicos que pudiera tener, por mucho que la misma la sitúen algunos nacionalistas catalanes en el terreno de la autodeterminación, el soberanismo o el independentismo; en definitiva, en la proclamación del Estado catalán y, es de suponer, la consiguiente ruptura -amistosa, inamistosa, de común acuerdo o como fuere, incluso un Estado Libre Asociado tipo Puerto Rico con Estados Unidos- con España. Pero, tampoco el Gobierno de la Generalidad tiene competencias para convocar una consulta de esta naturaleza, ni se dan los supuestos que el Derecho Internacional exige para celebrar un referéndum de autodeterminación, concepto éste polémico y discutible, que la ONU vincula a la descolonización y refiere a los pueblos, y que sin embargo conjuga con la integridad territorial de los estados.

Pero consulta no equivale a referéndum, ni a día de hoy se sabe si el Gobierno catalán, o en su caso el Parlamento, querrá dar a la misma carácter vinculante. Llevado al extremo, el asunto tanto puede conducir a una proclamación unilateral de independencia, con probable inviabilidad si no obtiene el respaldo español, de la Unión Europea y de la comunidad internacional, como a un resultado inesperado, por mucho que las encuestan apunten a una posible mayoría favorable a la separación de España. ¿Qué sucedería si en las elecciones autonómicas de noviembre CiU no alcanzara por sí sola, ni tampoco con otros aliados -como así ocurrió en las elecciones generales más recientes, las de 2011-, la mayoría en el Parlamento? ¿Y si tal mayoría fuera muy ajustada? ¿Acudiría sin más al rompimiento de la cohesión social y política, a marcar diferencias entre “lo nuestro, lo de aquí” y “lo de los otros, lo de fuera”?

Por otra parte, Mas podría llevar de nuevo al Parlamento catalán la llamada Ley de Consultas, que ha decaído tras la convocatoria electoral, y una vez aprobada, utilizarla para sus fines. Esta norma trata de regular el régimen jurídico y el procedimiento de la convocatoria de consultas populares -no referéndum- para conocer la opinión de los ciudadanos sobre actuaciones o políticas públicas. Las consultas puede convocarlas el presidente de la Generalidad e instarlas diversas entidades y a propuesta de los ciudadanos, con un mínimo de 50.000 firmas. No tienen carácter vinculante y para votar utilizan el padrón municipal (no el censo), un derecho que podrían ejercer las personas mayores de 18 años de nacionalidad española o de otros estados de la Unión Europea empadronados en Cataluña.

Pero ¿y si la consulta se pretende plantear en los términos que prevé el artículo 92 de la Constitución, según el cual “las decisiones políticas de especial trascendencia podrán ser sometidas a referéndum consultivo de todos los ciudadanos”. Este referéndum debería ser convocado por el Rey, a propuesta del presidente del Gobierno, previa autorización del Congreso, pero en ningún caso sería vinculante. La pregunta que sugiere el catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Autónoma de Barcelona, Francesc de Carreras, para aclarar la gran confusión existente -somos soberanistas pero no independentistas, no a la autodeterminación pero sí al derecho a decidir, libres pero asociados, federales pero asimétricos- acabaría con la ambigüedad y se formularía así: “¿Desea usted que Catalunya se separe de España y se constituya como Estado propio o considera mejor que siga formando parte de la actual España constitucional?”.

El Gobierno español ha dicho que “está dispuesto a utilizar instrumentos jurídicos y judiciales” para frenar la consulta, sin ni siquiera conocer el alcance de ésta y el presidente del Tribunal Constitucional ha adelantado que no procede legalmente. Algunos exaltados, como el eurodiputado popular Vidal-Quadras -que pide suspender la autonomía y preparar a un general de la Guardia Civil para intervenir en Cataluña -, y un par de oficiales retirados -para quienes en el Principado sólo habrá separación de España “por encima” de sus cadáveres-, demuestran que son capaces de llevar sus opiniones a extremos poco recomendables cuando es perfectamente posible utilizar los resortes del Estado de Derecho antes de propugnar soluciones poco civilizadas.

Con el llamado Plan Ibarretxe también se encresparon los ánimos y al final los proyectos del lehendakari pasaron por el Congreso de los Diputados, allí mismo decayeron tras la correspondiente votación y pocos se acuerdan ya de las ensoñaciones del político y economista vasco, hoy profesor de su especialidad en una universidad de Puerto Rico. No digo que ahora, con la reconversión de CiU al nacionalismo irredento y rupturista, vaya a pasar lo mismo -entre otras cosas porque no seguirá la misma vía constitucional para sufrir idéntica derrota-, pero insisto en que lo más prudente sería esperar a ver qué derroteros siguen Artur Mas y sus cómplices en su desafío al Estado. La moderación, la mesura, la templanza, la espera y no cerrar ninguna puerta a una deseable recomposición de la situación, con el eventual entendimiento entre las partes, deben formar parte del mejor camino para restañar heridas y evitar los tratamientos agresivos cuando aún son factibles, y seguramente más eficaces, los calmantes y balsámicos. No quiero que se me malinterprete: el Gobierno central ni puede ni debe consentir la secesión de Cataluña, ni de ningún otro territorio nacional. Sus máximos responsables han jurado cumplir y hacer cumplir la Constitución, y al final de eso se trata. Pero hoy, cuando aún no se ha roto nada aunque ya se ha sembrado la cizaña, no se entenderían decisiones draconianas al estilo del año 34, cuando, tras la proclamación del Estado Catalán, el Gobierno de la República dispuso la declaración del estado de guerra y la ley marcial, que es lo que ya se reclama en algunos ambientes.

CiU ha cometido un inmenso error y ha colocado a los ciudadanos de Cataluña, y también del resto de España, ante un dilema terrible. Ni siquiera esta próspera región que es el Principado tiene posibilidades de sobrevivir per se en un mundo cada vez más global e interdependiente. Quiere un pacto fiscal, inviable con arreglo a la Constitución, cuando España está cediendo su soberanía fiscal a una Europa que se reconstruye y trata de superar los desencuentros acentuados por la crisis. Quiere construir una nación a la carta, olvidando la pluralidad de Cataluña. Persigue algo así como lo que proclamara Massimo d’Azeglio: “Ya hemos construido Italia. Ahora sólo nos queda fabricar a los italianos”. Varios estudios económicos convienen que existe lo que podría ser considerado un exceso -en torno al 8% de su PIB, según unos, menos del 6% según otros- en la aportación de Cataluña al fondo común español, en comparación con las contribuciones a sus haciendas respectivas de algunos estados alemanes, canadienses o belgas. Siendo así, ¿no es acaso posible una corrección a la baja (por cierto, Canarias está proporcionalmente peor que Cataluña a la hora de recibir lo que le corresponde, pero no por eso acude a la autodeterminación o la independencia), a la que ya ha dado su sí inicial el presidente Rajoy? ¿No hay más salida que el órdago o la fijación de posiciones ventajistas? ¿Acaso es imposible ponerse de acuerdo sobre un objetivo común? ¿Es posible reformar el Estado de las Autonomías para perfeccionarlo y ordenar de una vez las competencias del Estado? ¿No sería, más que deseable, imprescindible, un pacto transversal entre populares y socialistas? ¿Entonces…?