A partir de ahora, los parados que estén recibiendo el subsidio estarán obligados a colaborar en las tareas de limpieza y reforestación de los montes quemados. El desempleado que sea llamado para este fin, y lo rechace, podrá ser sancionado hasta con la pérdida de la prestación. La medida, anunciada este viernes por el Gobierno, no deja de ser paradójica, sobre todo para Canarias, ya que el Archipiélago es la comunidad autónoma con más hectáreas quemadas y con mayor número de parados.

No creo [sinceramente] que Rajoy pensara en Canarias cuando tomó esta decisión, pero si es verdad que en las Islas, la medida, quemará a todos los que tengan que realizar estas tareas. Sin duda, hay bondad y perversidad en esta fórmula. Por un lado, está bien que se le dé actividad a aquéllos que están sin hacer nada, al tiempo que se evita el fraude. Pero por otro, si no se dota de las medidas necesarias, veremos a los parados, que no tienen ingresos, teniendo que trasladarse a los montes a realizar los trabajos.

El Gobierno central tiene que analizar cómo afronta el rescate y, sobre todo, como reparte el préstamo del BCE. Ese mismo día, en una especie de maniobra de distracción, decide poner a trabajar a los parados. No es mala idea si, al final, los fondos provenientes del rescate los distribuye bien, y ahí, el Gobierno de Canarias tiene mucho que decir.

El Ejecutivo, aunque no lo reconozca, espera como agua de mayo el dinero del rescate, ya que, si los euros no llegan, se verá obligado a cerrar el presupuesto de la Comunidad Autónoma a finales de septiembre o principios de octubre.

El rescate no es malo, ni dramático, simplemente que, ahora, Paulino Rivero tiene la obligación moral de presionar para no renunciar a la deuda histórica del Estado con Canarias, que lleva a los 2.200 millones. Tampoco debe asumir pérdidas en el REF y conseguir que se financien las inversiones públicas con cargo a la RIC. Esto sí que es de justicia.

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