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Retroceso de lo local > Salvador García Llanos

El municipalismo español sigue a la espera de la reforma de la Ley de Bases de Régimen Local (LBRL) que anunció el Gobierno y aplazó casi sobre la marcha a la vista de las ronchas que levantó entre los alcaldes de la propia formación gubernamental, alarmados por otra medida impopular en forma de poder restringido que, tal como están las cosas, sólo agravaría el descontento generalizado.

Se acuerdan, claro, de que sobre los alcaldes socialistas recayó el castigo que miles de ciudadanos infligieron a las determinaciones de José Luis Rodríguez Zapatero, expresidente del Gobierno español, para timonear la crisis y no quieren ser las nuevas víctimas.

Si el ejecutivo aplazó la discusión en el último Consejo Nacional de Administración Local es porque teme, sin duda, que se eleve el malestar de los alcaldes populares hasta niveles de rechazo incontrolado.

Aunque no las explicite, se advierte en las intenciones reformistas del Partido Popular (PP) un cierto afán de menoscabar la autonomía local y una inclinación o filosofía privatizadora de servicios y prestaciones. Nada nuevo: se trata de seguir criminalizando lo público y, por tanto, hay que desmantelarlo, por muy revestido de bienestar que haya andado.

La asfixia que ya se palpa en las áreas de servicios sociales atenaza no sólo a los vecinos más necesitados que tienen en el Ayuntamiento el último asidero al que agarrarse sino a los profesionales del trabajo social, ya absolutamente desbordados, sin recursos ni alternativas a corto plazo.

Las instituciones locales han sido propulsoras decisivas de la actividad política, social y económica durante más de treinta años de democracia. Las pretendidas reformas del Gobierno harán que disminuya ese papel. Y eso no es aceptable.

Los ayuntamientos pasarían de ser considerados como centros de poder político más próximos a oficinas o dependencias administrativas. Si después de tanto bregar, esa es la conclusión del ciclo, apenas hemos avanzado. Al contrario, sería la prueba del retroceso que ya advierten hasta los mismos alcaldes del PP.

Y es que basar los planes de reforma de la Administración local en un mero criterio economicista de ahorro es desacertado. Los ayuntamientos están para avanzar no para retroceder.

Hay que defender la causa municipalista: los que hemos estado activamente vinculados a ella somos conscientes del trabajo inmenso que han hecho alcaldes y concejales que se han esmerado con tal de propiciar mejores condiciones de vida de los ciudadanos, abriendo caminos y propiciando nuevas fórmulas para evitar, precisamente, las lóbregas y rutinarias oficinas del régimen predemocrático.

Claro que ha habido errores y desvíos. Derroches y vicios. E incoherencias. Y clientelismos. Y caprichos unipersonales que hicieron de la vida municipal, en algunos casos, una autocracia pedestre.

Pero la obra municipalista, en su conjunto, es acreedora de respeto, tan sólo por lo que tiene de contribución catalizadora a la modernización y avances sociales de los españoles.

De ahí, la pregunta: si en los años ochenta del pasado siglo era difícil prever cómo derribar la rigidez de las estructuras franquistas, y se logró, ¿cómo ahora no se puede intentar fabricar un nuevo municipalismo pensado por y para las personas?

Cierto que la redistribución competencial es complicada y que es imprescindible alcanzar un acuerdo sobre la financiación, pero donde tanto se ha negociado y transado, hay que explorar todas las vías antes de que sigan el andar del cangrejo y colapsen las instituciones locales.