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Rodear la democracia – Por Juan Hernández Bravo de Laguna

Un pueblo que no respeta a su Parlamento no se respeta a sí mismo y no merece tenerlo. Un pueblo que acosa a su Parlamento y a sus parlamentarios, que son sus legítimos representantes, merece vivir en las tinieblas de la dictadura y la sinrazón. Y no es casualidad que esas tinieblas, justamente, hayan sido el destino de los españoles durante una parte significativa de su historia. Y no es casualidad, tampoco, que esta tierra haya sido cuna de anarquistas violentos, terroristas y bandoleros diversos. Y que ostentemos el triste récord de haber matado a cinco presidentes de Gobierno, además de haberlo intentado con una reina y un rey, y con varios políticos destacados. Y de habernos desangrado en cuatro guerras civiles en siglo y medio. Porque somos un pueblo cainita, fratricida y sin cultura ni tradición democráticas algunas.

Nada justifica lo sucedido días pasados en Madrid, y no se entiende cómo la delegada del Gobierno autorizó una manifestación semejante. Rodear el Congreso, como se ha propugnado, es rodear la democracia y asesinarla. A modo de justificación, desde los manifestantes callejeros se ha aducido que la democracia está secuestrada en este país. Y es verdad. Pero está secuestrada precisamente por ellos, por los que no respetan ni las urnas, ni los resultados electorales, ni la representación política ni las leyes. No nos engañemos: lo sucedido -y lo intentado- no se distinguen de los que perpetraron el teniente coronel Tejero en 1981 y el general Pavía en 1874.

El Parlamento es el legítimo representante del pueblo español, del que emanan los poderes del Estado y en quien reside la soberanía nacional, como reza el artículo 1.2 de la Constitución. Y, repetimos, nada justifica atentar en su contra, lo que, según era de esperar, está tipificado en el Código Penal, cuyo artículo 494 establece: “Incurrirán en la pena de prisión de seis meses a un año o multa de doce a veinticuatro meses los que promuevan, dirijan o presidan manifestaciones u otra clase de reuniones ante las sedes del Congreso de los Diputados, del Senado o de una Asamblea Legislativa de Comunidad Autónoma cuando estén reunidos, alterando su normal funcionamiento”. Sin excluir a los canarios, que, en la corta trayectoria de nuestro Parlamento, arrastramos la vergüenza de haber protagonizado dos graves acosos e intentos de agresión impunes a la Cámara y a sus integrantes.

La clase política española está muy lejos de ser ejemplar. Y en ella proliferan más de lo conveniente la corrupción, el sectarismo, la irresponsabilidad, el oportunismo, la demagogia, la prepotencia y la ignorancia, cuando no el simple analfabetismo. Sin embargo, hemos de reconocer que se trata de una clase política que representa a la sociedad española, y que lo hace en un doble sentido. Primero, porque está formada por los legítimos representantes de esa sociedad, que les ha otorgado su mandato mediante un proceso electoral democrático. Pero, segundo, y más importante, porque, al mismo tiempo, constituye una muestra representativa de la sociedad que representa. En otras palabras, si nuestra clase política sufre todos los males que acabamos de enumerar es porque también los sufre la sociedad de la que procede. Y la solución no está en intentar agredir a los que son como nosotros y, encima, hemos elegido; la solución está en cambiar. Aunque los exaltados que invaden nuestras calles pretendiendo contar los votos en ellas y no en las urnas nos recuerdan lo difícil que es hacerlo.

El núcleo de la cuestión reside en ese intento de contar los votos en las calles y no en las urnas. Lo proclama el grito tan poco original y tan repetido de “Rajoy dimite, el pueblo no te admite”. A ese objetivo antidemocrático se ha unido sin ambages la izquierda radical y también, subrepticiamente, los socialistas, que repiten -interesada y partidariamente- que el Gobierno ha perdido la mayoría social. En definitiva, se intenta por cualquier medio -ilegal- reducir las expectativas y el horizonte temporal de un Ejecutivo que está comenzando su andadura y al que le quedan tres largos años y meses. Una larga travesía del desierto para una izquierda que no sabe perder y para una izquierda radical que no cree en la democracia, y que la utiliza como mero instrumento de usar y tirar.

Un escenario en el que la policía tiene que proteger de los manifestantes al Parlamento y a los parlamentarios, un escenario de barreras y vallas protectoras del Parlamento descalifica a todo un pueblo. Y ni siquiera nos vale decir que eran una inmensa minoría, y que entre ellos proliferaban los agitadores profesionales -delincuentes- de pasamontaña y cara tapada. El Estado de Derecho se gestó en Inglaterra durante el siglo XVII en una larga contienda civil entre los ejércitos del Parlamento y de la Corona absolutista. Y fue posible gracias a la victoria del primero. Nosotros nos lo encontramos hecho, y quizás por esa razón no sabemos apreciarlo, y no somos conscientes de que muy pocos pueblos en el mundo pueden disfrutar de sus derechos y libertades. Quizás por esa razón no nos damos cuenta de que somos unos privilegiados. Quizás por esa razón nos dedicamos a rodear el Congreso y a poner en peligro nuestro Estado de Derecho y nuestra democracia. Y si seguimos haciéndolo, a buen seguro lo vamos a conseguir.