EFE | Madrid
El secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, Juan Manuel Moreno, ha dicho hoy que la ayuda a la dependencia “está más viva que nunca”, y sigue generando beneficiarios, aunque se ha ajustado para que la protección vaya al dependiente severo por la falta de recursos.
Moreno ha añadido, durante la inauguración de la jornada “Evolución de la ley de Dependencia y su incidencia en la enfermedad de Alzheimer”, que las comunidades autónomas “han sido en gran parte los promotores de esta reforma porque no podían costearla”.
El secretario de Estado ha adelantado que entre enero y septiembre de este año las solicitudes han aumentado en más de 21.000, también las resoluciones de evaluación en más de 27.000, y en el mismo periodo hay 43.000 beneficiarios más y menos personas en lista de espera para su prestación.
Ha explicado que en el momento actual de recesión económica no se podían mantener las posibilidades que tenía la Ley de Dependencia en un periodo de crecimiento económico del 3 %, y que el Gobierno ha hecho “lo más razonable que se podía hacer” reformando el sistema para dar asistencia a los grandes dependientes.
Moreno ha dicho que los cambios se han pensado con una visión de largo alcance, “un modelo de futuro que sea sostenible” y se han marcado unas prioridades que persiguen reorientar los recursos.
La reforma persigue “simplificar, clarificar y homogeneizar los procedimientos” para que los procedimientos no sean tan complicados para los usuarios ni para la propia administración, ha añadido.
Entre otras novedades se van a establecer unos criterios mínimos básicos en todo el territorio nacional, tanto en la solicitud como en la resolución del reconocimiento del grado de dependencia y del derecho a recibir la prestación, así como para determinar la capacidad económica del beneficiario.
Además, se amplía la prestación por asistente personal a todos los grados de dependencia.
Moreno ha dicho que en cinco años la Ley de Dependencia no ha funcionado como estaba previsto y entre sus debilidades ha señalado la maraña normativa, las enormes deficiencias en la atención y las desigualdades autonómicas.
También ha incumplido las expectativas de empleo, al primar el cuidador familiar frente al profesional, lo que ha generado una deuda con la Seguridad Social de más de 1.000 millones de euros.
Ha explicado que esta deuda procede de las altas en el convenio especial para cuidadores familiares, 173.000 afiliaciones, y son cuotas con cargo a la Administración General de Estado que no se abonaron en la anterior legislatura y que se va a intentar solucionar en estos presupuestos.