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Sanidad recibe del Ministerio los datos corregidos de ‘sin papeles’

JOSÉ LUIS CÁMARA | Santa Cruz de Tenerife

INMIGRANTES SANIDAD ATENCIÓN
Muchos ‘sin papeles’ aún desconocen sin podrán ser atendidos. / EFE

A la cuarta parece haber ido la vencida. Después de tres envíos con datos erróneos, la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias recibió a última hora de la tarde del jueves pasado las últimas cifras actualizadas de inmigrantes en situación irregular, remitidas por el Instituto Nacional de la Seguridad Social.

Según dijeron desde el Servicio Canario de la Salud (SCS), los informáticos de la Consejería empezaron el viernes a cruzar dichos datos con los que posee la Consejería, con el objetivo de determinar cuántos inmigrantes se quedarán fuera del sistema normalizado, para poder empezar a aplicar el Real Decreto que entró en vigor el día 1.

Este proceso durará varias semanas, aunque la intención de Sanidad es culminarlo este mes, antes de que se publique la orden que desarrollará el referido decreto. Hasta entonces, desde la Consejería recalcaron que se sigue prestando “la misma atención y en las mismas condiciones de siempre”, por lo que sólo se continúan facturando los servicios prestados a aquellas personas cuya tarjeta sanitaria no está en vigor desde el 31 de agosto.

En este sentido, en el departamento autonómico explicaron que si los pacientes sin tarjeta sanitaria pertenecen a países con los que existe convenio sanitario, se les facturan los servicios al país de origen; y en el caso de que la persona atendida sea de un país con el que España no tiene ningún acuerdo, se le facturan directamente los servicios prestados. En Canarias, como ha publicado este periódico en varias ocasiones, el nuevo decreto del Gobierno para la Sostenibilidad del Sistema Sanitario podría afectar a unos 42.000 inmigrantes que no tienen regularizada su situación. Dicha cifra se obtiene cruzando el padrón municipal con el último dato de residentes con certificado de registro o tarjeta de residencia en vigor, que publica cada tres meses la Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración. Así, de los 309.674 inmigrantes empadronados en el Archipiélago hasta el 1 de mayo, sólo 267.153 están en las Islas en situación regular. El resto, más de 32.000 en la provincia de Tenerife y casi 10.000 en la de Las Palmas, quedarían fuera de la atención sanitaria. La mayor parte de ellos, cerca del 60%, son latinoamericanos y africanos.

Paradójicamente, el Gobierno de Aragón comenzó ayer a enviar facturas a otros países por la asistencia sanitaria a inmigrantes irregulares, según informó el consejero Ricardo Oliván, quien dijo que no están ocurriendo situaciones diferentes a las que había hace dos meses.

Sin embargo, Caterina Belsué, portavoz de la Plataforma por la Salud Universal, subrayó que no todo sigue igual cuando antes los irregulares tenían una tarjeta sanitaria y ahora deben firmar un papel antes de entrar en la consulta y se les entrega una factura de la que van a tener que responder. Las facturaciones se envían en función de los casos, ya que entre los no asegurados hay personas con recursos y otras sin ello, una cuestión que la determinará un asistente social.

Este asistente evaluará la capacidad económica de cada persona en función de unos criterios que se utilizan para otros muchos procedimientos con la administración que conocen perfectamente los inmigrantes, ha explicado.

En el caso de que no tenga recursos y se trate de cuestiones que recoge el real decreto, como urgencias, embarazos, parto y posparto y menores, se dará una factura en la sombra, para que conste la cantidad pero que no quede como deudor.