El arranque del nuevo curso político viene marcado por la persistencia de la crisis y el inmovilismo del Gobierno de España en cuanto a promover acciones que favorezcan el crecimiento. Como era de temer, todo sigue tal y como estaba antes del intervalo vacacional, si no peor. El ciudadano continúa sin vislumbrar alguna luz, siquiera tenue, que alimente su esperanza. Porque los mensajes emitidos por el gabinete de Mariano Rajoy abundan en lo mismo: austeridad, rigor y reducción del gasto, políticas insuficientes por sí solas, si no se acompañan de otras que fomenten la liquidez del sistema y la circulación del crédito, estimulando el consumo, la inversión y el empleo.
Lo peor es que esta situación se agrava en Canarias, como venimos advirtiendo desde hace bastante tiempo. Dijimos en junio pasado que si la inversión media que hace el Estado por habitante (incluyendo las Islas) es de 269 euros, en el caso del Archipiélago se reduce a 134 euros, cuando el Régimen Económico y Fiscal consagra que, como poco, habría de ser igual. De ahí que subrayemos ahora los datos ofrecidos esta semana por la Confederación Provincial de Empresarios de Santa Cruz de Tenerife, al cifrar en 2.500 millones de euros -como mínimo- el montante de la deuda estatal con Canarias por la vía del REF.
Al mismo tiempo, los empresarios tinerfeños llaman al trabajo solidario de políticos y agentes sociales y económicos en torno a la actualización del REF, además de impedir que un posible rescate de España debilite los incentivos de esta importante herramienta de desarrollo social y económico. Estando completamente de acuerdo con este planteamiento, todavía lo estamos más respecto al repaso hecho a figuras como la Zona Franca tinerfeña y la Zona Especial Canaria (ZEC), de las que cabe esperar unos resultados mucho más fructíferos para la economía isleña, en cuanto a la captación de inversiones. Dependerá ello de una promoción más decidida por parte de la primera y del reenfoque de la segunda.
Pero tales objetivos requieren unidad de acción y altura institucional. Nos hallamos ante un momento extremadamente delicado, incomparable respecto a otras coyunturas adversas, y no cabe continuar haciendo de la política un juego al servicio de intereses partidistas o personales. A los canarios no se nos puede seguir postergando por el hecho de que aquí no gobierne quien lo hace en Madrid, el Partido Popular. La relación entre Canarias y el Estado exige resituarse en el lugar y los modos que nos permitieron alcanzar un trato diferencial respecto a otros territorios, acorde con las condiciones que nos distinguen de la España peninsular.
Convenimos con el presidente del Gobierno regional, Paulino Rivero, acerca de la necesidad de revisar y poner al día esa relación Canarias-Estado, ese nuevo “contrato” al que se ha referido recientemente, con perspectiva histórica y huyendo de tensiones innecesarias o cortoplacismo. Y esto pasa por actualizar el modelo de financiación; reformar aspectos del REF; defender los intereses isleños ante la Unión Europea y fortalecer nuestra capacidad de decisión para generar economía y empleo. Igual que por cesar de una vez el aislamiento al que nos somete Madrid, gráficamente definido por el vicepresidente y consejero de Turismo, Economía y Competitividad del Cabildo, Carlos Alonso, en un reciente artículo de prensa.
Tomó para ello el ejemplo de la decisión adoptada por el Gobierno del PP respecto al certificado de residencia de los canarios, que tantas críticas ha provocado en el conjunto del Archipiélago. Porque resulta intolerable esta vuelta al pasado, quince años después de que el primer Gobierno presidido Aznar decidiera validar el DNI como acreditativo de la residencia en las Islas, atendiendo una propuesta de Coalición Canaria. Necesitados entonces de apoyo parlamentario, los populares mostraban una “sensibilidad” distinta con los problemas de nuestra región. Conviene tenerlo en cuenta como muestra de su manera de actuar.
Ricardo Melchior Navarro Presidente del Cabildo de Tenerife