Creen que esto es un vacilón y que les va a salir gratis. Dos de las monsergas de la élite política en este país son su insistencia en que los estragos de la crisis se reparten y repartirán equitativamente entre las clases sociales y su llamado a evitar la destrucción de la política democrática, adobada a veces, incluso, con una sentida invitación a la participación en el espacio público. El Gobierno de Canarias en particular es muy cansino sobre la primera de las burlas. Su presidente, su vicepresidente y sus consejeros se muestran hasta orgullosos de mantener contra las miserias presupuestarias los sistemas públicos de sanidad y educación, aunque tanto en sanidad como en educación las insuficiencias, inoperancias, rigideces, y colapsos cada día sean más asfixiantes. Probablemente no les llega el resuello socialdemócrata a otras áreas de la gestión y por eso la empresa pública Visocan tiene programado tres desahucios para las próximas semanas solo en el municipio de La Laguna. Una sociedad mercantil dependiente del Gobierno autonómico, encargada de ejecutar la política de viviendas públicas en régimen de propiedad o alquiler, proyecta dejar en la calle a varias familias sin pestañear, porque adeudan unos pocos miles de euros, y se niega, en su empecinamiento, a encontrar fórmulas alternativas, como aplazar o fraccionar el pago o condonar parte de la deuda. Viviendas Sociales de Canarias – sometida a un expediente de regulación de empleo – parece dispuesta a actuar con una saña vomitiva que sería difícil de emular por los bancos más carroñeros. A ver que si alguien es capaz de decirle a Inés Rojas que se detenga esta crapulosa villanía de un puñetera vez.
¿Y la participación ciudadana? Bien, es un sonsonete que admite varios registros, uno de los cuales fue pulsado por el propio presidente Paulino Rivero la semana pasada. Advertía Rivero que era imprescindible que todos los sectores sociales y económicos del Archipiélago unieran sus fuerzas para reclamar al Gobierno central un trato político y financiero digno. Ocurría la misma semana en que la mayoría parlamentaria que sustenta al Ejecutivo – CC y PSC-PSOE – rechazaba la toma en consideración de una iniciativa legislativa popular, firmada por más de 35.000 ciudadanos, para la reforma de la educación pública canaria. Más exactamente: no es que coalicioneros y socialistas la rechacen, es que ni siquiera tolerarán que se tramite su presentación en el Parlamento. En los últimos quince años no han permitido pasar ni una. Ah, el pestilente aroma de la calle, esa cloaca mefítica que no termina de cerrarse, la sociedad civil, esa molestia ratonil, los periodistas correteando por los pasillos, esa intromisión quejicosa, los ciudadanos a los que se les secuestra poco a poco las instituciones democráticas y todavía firman, los pobres diablos, interfiriendo en sus siestas, en sus escaños, en su parlamento.