JOSÉ LUIS CÁMARA | Santa Cruz de Tenerife

“Pienso seguir atendiendo a los inmigrantes que tengo en mi cupo, tengan o no papeles”. Así de tajante se muestra Rafael, médico de un centro de salud del Sur de Tenerife, cuya opinión representa el sentir de buena parte del colectivo profesional de la provincia, que antepone su deber deontológico a la norma que dicta el controvertido Real Decreto-Ley para la Sostenibilidad del Sistema Sanitario, que entró en vigor el pasado día 1.

Desde entonces, y a pesar de la polémica que ha generado, la situación apenas ha cambiado en los centros de salud y hospitales de Canarias, ya que la Consejería de Sanidad todavía no ha podido realizar el cribado de los datos enviados por el Ministerio. Este, además, rectificó en dos ocasiones la información que debía servir de base para determinar el número de extranjeros que se encuentran en estos momentos en situación irregular, que son los que en teoría dejarán de ser atendidos en el sistema público.

En la práctica, en cambio, tanto médicos como enfermeros dejan claro que continuarán prestando la misma asistencia a los sin papeles, aunque será la Administración la que establezca el reglamento que debe regular el citado decreto-ley. En este sentido, Eduardo Sánchez, delegado de Atención Primaria del Sindicato Médico (CESM) en Tenerife, asegura que “de momento no hay constancia de ninguna reclamación de pacientes que no hayan sido atendidos en un centro de salud de las Islas”.

“Nuestro deber deontológico nos obliga a atender a todos los pacientes, sea cual sea su situación o condición. Será el administrativo, la operadora del Servicio Canario de Salud (SCS) o los propios centros hospitalarios los que tendrán que dictar si les dan cita o los pasan como casos urgentes”, agrega Eduardo Sánchez, quien insiste en que “no es responsabilidad nuestra decidir, aunque en cualquier caso nos han dicho que no se tomarán represalias contra los médicos que atiendan a irregulares”.

A la espera de que el SCS determine cuántos inmigrantes quedan fuera del sistema y perderán la tarjeta sanitaria, los médicos reiteran que “el Ministerio tendrá que desarrollar la ley y la Consejería deberá pronunciarse por escrito, porque habrá que explicar si a las personas sin tarjeta se les facturan los servicios; o si les podemos hacer una receta y pruebas complementarias”. “Si nosotros necesitamos esas pruebas para hacer un diagnóstico, las pediremos. Luego serán otros los que tengan que decidir si puede acudir al especialista, si puede recibir ese servicio o si se le van a hacer esas pruebas”, subraya el delegado de Atención Primaria del CESM.

En la misma línea se manifiesta Leopoldo Cejas-Fuentes, secretario autonómico de Acción Sindical del Sindicato de Enfermería (Satse). En su opinión, resulta “inexplicable” que aún no exista comunicación oficial por parte de la Consejería de Sanidad de cómo se debe aplicar el decreto, “sólo unas penosas declaraciones del presidente del Gobierno regional al respecto”.

Para Cejas-Fuentes, “todos los problemas de salud que puedan derivar en un cuestión de salud pública deben ser atendidos, aunque creemos que se necesita mayor control de los pacientes”. “Está por ver cómo se desarrolla el reglamento y la postura que toma la Administración regional. Hasta entonces, la gran mayoría de los médicos y enfermeros seguirá atendiendo con normalidad a todos los pacientes”, denota el secretario autonómico de Satse, quien manifiesta que el nuevo decreto y todas las medidas que conlleva “supondrá mayor presión para los profesionales y generará un deterioro de la calidad asistencial”. Mientras, desde la Consejería de Sanidad niegan rotundamente que se haya dejado de atender a alguna persona con tarjeta sanitaria en vigor, como han asegurado algunas asociaciones y ONG en los últimos días.

Al respecto, en la Consejería insisten en que se sigue prestando “la misma atención y en las mismas condiciones de siempre”, ya que “todavía no se ha podido completar el cribaje de los datos”, por lo que solo se continúan facturando los servicios prestados a aquellas personas cuya tarjeta sanitaria no está en vigor desde el 31 de agosto.

Desde el departamento autonómico recuerdan que si los pacientes sin tarjeta sanitaria pertenecen a países con los que existe convenio sanitario, se les facturan los servicios al país de origen; y en el caso de que la persona atendida sea de un país con el que España no tiene ningún acuerdo, se le facturan directamente los servicios prestados.

Españoles sin regularizar

“Es algo que ocurre no sólo aquí, sino en todo el sistema sanitario nacional y la mayor parte de países del mundo”, subrayan las mismas fuentes. De igual modo, y en menor medida, Sanidad expone que también se han dado casos de españoles que no poseen tarjeta sanitaria, ya que nunca han cotizado o no han regularizado su situación.

El real decreto, aprobado el pasado mes de abril, determina que los extranjeros en situación irregular solo tendrán derecho a ser atendidos en urgencias, hasta que se les dé el alta, durante el periodo del embarazo, parto y posparto y a que los menores de 18 años reciban asistencia pediátrica en las mismas condiciones que los niños españoles.

En Canarias, como publicó este periódico la semana pasada, la decisión del Gobierno afecta a unos 42.000 inmigrantes que no tienen regularizada su situación. Dicha cifra se obtiene cruzando el padrón municipal con el último dato de residentes con certificado de registro o tarjeta de residencia en vigor, que publica cada tres meses la Secretaría de Estado de Inmigración. Así, de los 309.674 inmigrantes empadronados en el Archipiélago hasta el 1 de mayo, sólo 267.153 están en las Islas en situación regular.

51 médicos de las Islas se hacen ‘objetores’

La Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria (Semfyc) se ha declarado en contra del real decreto que establece el nuevo modelo sanitario, y ha promovido que los profesionales se manifiesten de igual forma declarándose “objetores de conciencia”.

Esta objeción consistiría en una declaración individual por la que se reafirma la voluntad de prestar asistencia a todos los ciudadanos, aún no estando asegurados. Hasta el pasado día 31 de agosto, esta iniciativa había recolectado más de 1.700 firmas en toda España, de ellas 51 en Canarias. Pocas semanas antes, otro grupo de médicos de familia tomó una iniciativa similar en las Islas, creando la plataforma Yo sí atiendo, que consiguió el compromiso de más de 200 profesionales, cuyas firmas fueron presentadas en la Consejería.

El vicepresidente de la Sociedad Canaria de Medicina Familiar y Comunitaria (Socamfyc), Francisco Hernández Díaz, afirma que “la ética y la profesionalidad de los médicos de familia obliga a seguir prestando asistencia a toda la población, sin discriminación por estar o no asegurados”. “Y esto ha de ser aplicado aunque no se hubiera formalizado la objeción”, recalca Hernández Díaz, quien manifiesta que “la Consejería ha manifestado en los medios su oposición a la nueva ley, pero los profesionales de Atención Primaria no han recibido instrucciones por escrito en tal sentido, lo cual debería ocurrir lo antes posible”. “Esto eliminará cualquier inquietud por parte de los profesionales y también evitará que cualquier ciudadano deje de acudir a un centro sanitario si lo necesita”, concluye el vicepresidente de la Socamfyc.