El Supremo falla en contra del Gobierno sobre Tindaya

TINDAYA
El conflicto se remonta al periodo en el que Román Rodríguez era presidente de la Comunidad Autónoma. / DA

DIARIO DE AVISOS | Santa Cruz de Tenerife

El Tribunal Supremo (TS) exime a la Unión Temporal de Empresas (UTE) encargada de construir el proyecto de Tindaya de la devolución de los casi 12 millones que desde hace varios años viene exigiendo el Gobierno regional, según una información publicada ayer por el diario digital Canariasahora.com. Las peticiones han sido interpuestas por El ejecutivo autónomo y las empresas públicas Proyecto Monumental Montaña de Tindaya (PMMT) y Sociedad Anónima de Promoción del Turismo, Naturaleza y Ocio (Saturno). El fallo del TS ratifica así una sentencia emitida hace ya dos años por la Audiencia Provincial de Las Palmas sobre este caso, y vuelve a dar la razón a la UTE formada por FCC Construcción y Necso Entrecanales.

Hasta ahora todas las sentencias judiciales han ratificado que estas empresas no están obligadas a devolver los 11,8 millones de euros concedidos en calidad de aval que reclama el Gobierno regional, más los intereses.

Esta cantidad, según explicó la UTE de empresas, se destinó para gastos de estudio e implantación del proyecto ideado por el escultor vasco Eduardo Chillida, hoy fallecido, si bien no se ejecutó trabajo alguno sobre el terreno, recogió el diario digital.

Los tribunales también han reconocido ya el derecho de FCC y Necso a recuperar el monto de la garantía, más de 2,1 millones, y a cobrar los intereses. El inicio del conflicto se remonta al periodo en el que el presidente de la Comunidad Autónoma, Román Rodríguez, hace ya más de diez años.

En contra de la postura inicial de los tribunales, el Gobierno canario ha venido recurriendo esta decisión para recuperar este dinero, pero sin ningún resultado a su favor. Además, se ha visto con la obligación de asumir las costas procesales del caso, tal y como ha ocurrido de nuevo con la sentencia del TS.

El Tribunal Supremo considera que la Comunidad Autónoma no puede alegar sentirse estafada ni engañada por la UTE y la empresa Cabo Verde, propiedad de Rafael Bittini y el copartícipe en PMMT, ante el hecho de que también era parte conocedora del proyecto. La misma PMMT es una empresa pública participada por medio de fondos públicos.

El Gobierno defendió que los administradores de PMMT “no respetaron las instrucciones para el desarrollo de la adquisición de las acciones para ejecutar la obra, lo que dio lugar a claros perjuicios“, hacia la entidad.

El Supremo apuntó al respecto que, muy al contrario, todo el proyecto estuvo bajo la supervisión de los Servicios Jurídicos del Ejecutivo, informó el digital Canariasahora.com.

El Gobierno canario también alegó que el contrato no tenía validez ya que la empresa no se había inscrito en el Registro Mercantil, aunque el TS estima que los pagos efectuados desde 1996 “son correctos” dado que el contrato aportado “supone un verdadero acuerdo de compraventa”. El hecho de que no se haya extraído ninguna piedra de la montaña “no supone que el precio sea cero euros, sino que la reducción viene determinada por la piedra que se hubiese obtenido en la proporción pactada, que no ha sido objeto de valoración”.