JOSÉ LUIS CÁMARA | Santa Cruz de Tenerife
Con un recorte global que supera los 400 millones de euros en los últimos cinco años, la sanidad canaria se ha situado en el alambre en lo que a calidad asistencial se refiere. Eso es, al menos, lo que afirman los profesionales y sindicatos del sector, quienes vaticinan un otoño caliente si las administraciones central y regional continúan aplicando su particular ‘tijeretazo’.
Hasta la fecha, la Consejería de Sanidad ha decidido ir paliando el déficit presupuestario con ajustes de personal y bloqueo de camas en los hospitales de referencia. Además, ha decidido que en 2013 no repondrá las jubilaciones en ninguna de las categorías profesionales o, como máximo, cubrirá una de cada diez de esas plazas que queden vacantes. En esta línea, según aseguran desde el Sindicato Médico, la Dirección de Recursos Humanos y del Servicio Canario de la Salud (SCS) está “ultimando una reestructuración de los servicios extrahospitalarios”, que supondría el cierre de centros de urgencias y consultorios. En concreto, las mismas fuentes aseguran que en una primera fase -antes de final de año- se cerrarían los centros de urgencias extrahospitalarias de Los Realejos, La Orotava y Anaga. Luego, en función de la capacidad presupuestaria, se haría lo propio con los situados en el sur de la Isla, como los de Los Cristianos y El Mojón. De igual modo, muchos de los consultorios de Atención Primaria que se construyeron a finales de los 80, aquellos en los que hay menos de diez médicos -Chimiche, Chamorga, El Tanque, Palo Blanco, El Palmar, Radazul, entre otros-, se irían cerrando de manera progresiva para evitar la dispersión, al igual que se hizo en su día en Gran Canaria, donde la mayor parte de los centros de salud cuentan con más de una veintena de profesionales.
“Todas las decisiones se están tomando con criterios economicistas, sin consultar ni consensuar”, expone Levi Cabrera, delegado provincial de Cesmsatse. En su opinión, se trata de actuaciones unilaterales que afectarán gravemente a la calidad asistencial”. Una afirmación que suscriben en Intersindical Canaria (IC), quienes recuerdan que la propia directora del Servicio Canario de la Salud, Juana María Reyes, reconoció en su último encuentro con los sindicatos que si continúan los recortes “habría que despedir gente y restringir prestaciones”.
“Habrá que cerrar más plantas, reorganizar centros de salud, cerrar turnos de trabajo y agendas…”, subrayan desde IC, quienes vaticinan que en las Islas pasará lo mismo que en otras regiones, donde ha habido importantes ajustes de personal y se han cerrado hospitales. En Comisiones Obreras van más allá y denotan que, tras anunciar un recorte de 50 millones de euros en materia de personal, “Sanidad se comprometió en diciembre con los sindicatos a revisar ese capítulo, que supuestamente iba a compensar con lo recaudado por la facturación a terceros”. Ese compromiso incluso sirvió para que se desconvocara a última hora una huelga general en el sector. Meses después de aquello, la responsable del SCS reconocía que la referida facturación a terceros había caído “en picado”, por lo que esos ingresos no se destinarían para contratar a más personal.
“En comparación con otras comunidades, es verdad que ahora mismo no somos de los peores a nivel económico, y con el recorte de la paga extra se ajustará algo más el presupuesto. El problema es que los profesionales no vemos que todos los sectores se estén ajustando igual, por ejemplo, a nivel político”, arguyen desde la Federación de Servicios Públicos de UGT, donde exponen que “no se han terminado de reorganizar las administraciones públicas, como por ejemplo el Senado, que podría haberse suspendido cautelarmente durante dos años, hasta que la situación mejore. Así, cada senador debería volver a su puesto de trabajo, con lo que se ahorraría mucho dinero”.
En la orilla opuesta, desde la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias reconocen que debido a los ajustes impuestos por el Gobierno de España, se han visto obligados “a ajustar sus presupuestos para cumplir los objetivos de déficit impuestos por el Estado”. Sin embargo, recalcan, “no se va a prescindir de la plantilla orgánica del Servicio Canario de la Salud”, arguyen las mismas fuentes, quienes inciden en que “en los últimos dos años se han firmado más de 1.400 interinidades para dar estabilidad a profesionales que no la tenían hasta ese momento”.
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Un mes sin aplicar el decreto de reforma
Cuando se cumple un mes desde que entrara en vigor el real decreto de Sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud, Canarias todavía no lo ha puesto en práctica, fundamentalmente porque el Servicio Canario de la Salud (SCS) aún no ha concluido el cribado de los datos que deben determinar el número de inmigrantes en situación irregular que se quedarán fuera del sistema. La pasada semana, la consejera de Sanidad, Brígida Mendoza, afirmó en el pleno del Parlamento que el Ejecutivo busca una “fórmula alternativa” para que los sin papeles mantengan cobertura sanitaria en las Islas ante la reforma sanitaria impulsada por Gobierno central que elimina, según ella, la “equidad” y “universalidad” al sistema sanitario.
En una comparecencia solicitada por el Grupo Mixto, Mendoza destacó que Canarias aún espera por las bases de datos completas y que se publique la orden correspondiente al Real Decreto Ley, y aseguró que el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) será quien otorga y retira tarjetas sanitarias. La consejera reiteró que cuando entre en vigor el real decreto se atenderá aún a personas que siguen en lista de espera, las que tengan un proceso médico abierto o con enfermedades infectocontagiosas.
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