Y. R. | Santa Cruz de Tenerife
Emiliano Coello cumplió el pasado septiembre un año como nuevo director ejecutivo de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural (APMUN) de Canarias. Coello aboga por simplificar la burocracia para que la normativa de la ordenación del territorio sea más entendible para el ciudadano.
-Acaba de cumplir un año en el cargo, ¿qué balance hace?
“Este año ha sido excitante. También estamos haciendo frente a un contexto económico bastante crítico, lo que ocasiona trastornos en la toma de decisiones y, sobre todo, en los resultados. A nivel de esta agencia, eso se traslada en recortes presupuestarios, lo que nos conlleva a tener siempre dificultades económicas que tenemos que asumir, y a tener que ingeniar para poder alcanzar los objetivos y poder tener una estabilidad económica y financiera en el ejercicio de responsabilidad. En lo que se refiere al trabajo cotidiano, he trasladado a los trabajadores y técnicos, que son la fuerza viva de esta agencia, mi identificación de cuál debe de ser el objetivo que debe de asumir como reto la agencia, que es la prevención”.
-Entonces, ¿la principal traba en estos momentos en el trabajo de la agencia es la crisis económica?
“Es el principal reto que tiene que afrontar, cómo ingeniar la fórmula para poder sobrevivir en este entorno turbulento y, además, avanzar, porque hemos de seguir trabajando, incorporar nuevas tecnologías para ser más eficientes en la gestión”.
-¿Qué aportan las nuevas tecnologías a la agencia?
“Hemos adquirido un sistema de alta tecnología que nos permite detectar cambios en el territorio y con el que se pueden analizar puntos de riesgo. Permite crear simuladores para circunstancias de carácter excepcional, fenómenos meteorológicos adversos, incendios, etcétera. Además, hemos puesto en servicio una sede electrónica que nos permite interactuar con las administraciones y los ciudadanos”.
-En lo que va de año, ¿cuántos expedientes por infracciones ha abierto la APMUN?
“Hasta agosto ha habido en torno a 1.584 expedientes en Canarias. La mayor parte de esos expedientes son por residuos, infracciones medioambientales o vertidos incontrolados. Y en segundo lugar están las infracciones constructivas. Estamos dando mayor protagonismo a la valorización del entorno medioambiental y de nuestros recursos, y a la gestión adecuada de los residuos para que incluso, como hemos hecho con la firma de convenios con la Fundación Recicla y con las asociaciones de gestores de residuos de Canarias, se pueda vincular a una oportunidad de negocio y de generación de empleo”.
-¿La crisis ha cambiado el tipo medio de infracción?
“Ahora las infracciones se declinan más a cuestiones que antes no sobresalían tanto. Antes, por lo que más se conocía la agencia era por demoliciones de casas, pero ahora hablamos más de afecciones sobre el territorio y el medio ambiente. La crisis afecta a los ciudadanos, que no están en la situación de poder permitirse grandes inversiones”.
-Cuando prometió su cargo, indicó que uno de sus principales objetivos sería prevenir malos hábitos o vicios que se puedan dar en el ámbito urbanístico. ¿Cuáles son esos malos hábitos?
“Me refiero al hecho de que se cometan infracciones. Tenemos que detectar las razones que conducen al ciudadano a hacer eso. Debemos de tener en cuenta que no todo el mundo tiene el mismo nivel económico, de formación, ni atienden a los mismos valores. Hay gente que hace las cosas por costumbre, porque no entiende que la cultura se rige por unas normas. Hoy en día hay nuevas normas de ordenación del territorio, de ámbito competencial municipal, insular y autonómico. Y en esa escala de instrumentos de planificación surgen además muchas otras normas, que es el debate que siempre se ha creado de que hay que simplificar para que sea más entendible la ordenación del territorio y de los recursos”.
-¿Apuesta entonces por la simplificación de normas del territorio?
“Tal vez ese sería el enfoque más adecuado que deberíamos utilizar en estos momentos. Habría que avanzar más hacia una mejora de las condiciones porque el entramado jurídico no permite que todo el mundo pueda conocer claramente cómo se debe de articular el proceso para obtener una licencia. Hay que tomar medidas a razón de la sociedad, y la sociedad demanda que seamos ágiles, eficientes y eficaces, lo que significa reducir unos trámites que condicionan mucho y hacen crecer demasiado la burocracia. Es difícil de asumir que para obras de escasa dimensión haga falta la misma burocracia que para obras mayores”.
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Un año de gestión
Crisis económica: se ha acordado reducir las aportaciones correspondientes a 2012 en función del incremento de ayuntamientos consorciados. Se ha traslado la sede de la agencia en Las Palmas, en un local alquilado, a un inmueble propiedad del Gobierno. Se han venido implementado criterios en la graduación de las sanciones, para reducir las multas en algunos supuestos e intentando que su interpretación sea lo menos penalizadora posible.
Colaboración: la agencia ha suscrito convenios de adhesión con ocho ayuntamientos y el Cabildo de La Palma, y se espera que pronto se adhiera el de El Hierro y más ayuntamientos. También se han suscrito convenios de colaboración con la Fundación Canarias Recicla, Asociación de Gestores de Residuos de Canarias y con la Dirección General de Patrimonio y Contratación del Gobierno regional.
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