EUGENIA PAIZ | Los Llanos de Aridane
El propietario de la planta de asfalto Ruiz Romero, instalada en la zona industrial del Callejón de la Gata, para la que el Juzgado de número uno de Santa Cruz de Tenerife han anulado la licencia de apertura de la instalación, aseguró ayer en declaraciones a DIARIO DE AVISOS que “ahora mismo me encuentro totalmente desprotegido, impotente y sin saber qué vamos a hacer con la inversión que hemos hecho después de seis años trabajando para montar la planta, después de comprar los terrenos y de obtener todos los permisos”.
El empresario Gabriel Ruiz Romero, con otras inversiones en la provincia tinerfeña, explicó a este rotativo que “como parte afectada por este proceso no sé si podemos reclamar, es algo que estamos estudiando, pero no podemos tomar una decisión hasta no saber si el Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane va a recurrir la sentencia”.
Ruiz Romero aseguró a este rotativo que “nunca, en todos estos años y pese a que se ha comentado, he pensado en pedir ninguna indemnización, pero tal y como están las cosas ahora, y después de conocer la sentencia pienso que seguramente tendremos que pensar en esa opción”.
Impotencia empresarial
Detalló que “nos hemos quedado descolocados con la sentencia que anula la licencia porque no entra a valorar nada más sobre la planta de asfalto más que las distancias”. Habla de una “situación de impotencia porque yo como empresario me he limitado a poner en marcha una empresa para la que he invertido dinero en la compra de un terreno, en la compra de una planta y en su montaje y he pasado nada menos que seis años arreglando y tramitando papeles para encontrarme ahora con esta situación de indefensión”. No dudó al asegurar que “no me arrepiento de haber hecho la inversión porque todo estaba en regla pero sí me apena ver la poca justicia que hay”. Agregó que “a mí me dijeron que todo cumplía con la normativa, que todo estaba conforme a la ley pero ahora un juez dice que no es así y la verdad es que no sabemos qué podemos hacer”.
Pese a sus impresiones, el fallo judicial que anula la licencia que le otorgó el Ayuntamiento en febrero de 2009, señala que “la protección concedida por la Ley estatal puede ser ampliada y mejorada por las leyes de las comunidades autónomas; lo que resulta constitucionalmente improcedente es que resulte restringida o disminuida” por lo que hace valer el principio de protección a los núcleos de población que se encuentran a menos de dos kilómetros de donde se ubica no solo la planta de asfalto en cuestión, sino la zona industrial de Los Llanos de Aridane.
La sentencia judicial, que ha condicionado la entrega de la licencia por parte del ayuntamiento, explica en su argumentario que cerca de esa planta de asfalto, “existe mucha más población dentro de la distancia de 2.000 metros”, detallando que “no se trata de viviendas dispersas sino de núcleos de población como Tajuya, Todoque y La Laguna”. La segunda planta de asfalto, sobre la que el Ayuntamiento tramita otro expediente, no tendría cabida en el mismo polígono industrial.
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El PSOE no quiere recurrir el fallo
Pese a que días atrás el teniente alcalde de Los Llanos de Aridane y portavoz del grupo socialista, José María de Vargas, evitó pronunciarse al respecto, ayer afirmó en declaraciones a este rotativo que “espero que el Ayuntamiento no recurra la sentencia”. Tal afirmación fue hecha horas después de la celebración de la Junta de Portavoces a la que asistieron, además de la alcaldesa, Noelia García, el portavoz municipal del Partido Popular, Mariano Hernández, el propio de Vargas y el portavoz de CC y exalcalde Juan Ramón Rodríguez. Aunque de Vargas omitió cualquier referencia sobre la opinión al respecto de la alcaldesa sobre un hipotético recurso, sí confirmó que “hemos acordado que la secretaria del Ayuntamiento elabore un informe sobre las consecuencias que esto tendrá para la zona industrial”.
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