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Acusan al Gobierno de perjudicar al consumidor por demorar sus reclamaciones

EFE | Las Palmas de Gran Canaria

Organizaciones de usuarios como Consumidores de Canarias y Unión de Consumidores de Las Palmas han acusado hoy al Gobierno Autónomo de “causar grandes perjuicios” a los isleños por no atender a tiempo sus reclamaciones y peticiones de arbitrio, que aseguran se demoran un año de media.

Dichas asociaciones y otras, varias adheridas a la Confederación Española de Consumidores y Usuarios, critican en un comunicado difundido hoy a la Dirección General de Comercio y Consumo del Ejecutivo, que afirman que “está permitiendo que reclamaciones presentadas el pasado año sigan sin respuesta, con el consiguiente perjuicio que ello conlleva, llegando incluso a su caducidad”.

Y destacan que, al ser muchas de estas solicitudes de intervención arbitral en cuestiones como conflictos en telefonía, “los perjuicios por la inacción son, entre otros el reclamo constante y la presión que sufren los consumidores por parte de las compañías, con inclusión en el fichero de morosos, bajas en las líneas telefónicas, etcétera”.

En ese contexto, el Gobierno de Canarias deja a los consumidores en una situación de indefensión, según esas asociaciones, que aseguran que se han dirigido varias veces al Ejecutivo para pedir que se adopten medidas ante una coyuntura en la que opinan que se ha producido la “práctica eliminación del sistema arbitral de consumo”.

Sistema que fue implantado en su momento como “una vía alternativa a la judicial, siendo totalmente gratuito y supuestamente ágil y eficaz para la ciudadanía”, subrayan.

Por todo lo expuesto, dichas organizaciones reclaman al Gobierno canario que informe sobre cuántas solicitudes arbitrales se han resuelto en el presente año 2012, cuántas hay pendientes y cuánto es el tiempo medio desde que la solicitud ha entrado en el registro correspondiente hasta que se dicte el laudo arbitral resultante, entre otras cuestiones.

Y además expresan su “profundo malestar con la Dirección General de Comercio y Consumo y la política que está llevando a cabo”, que piden rectificar porque afirman que es “totalmente contraria a los intereses de los consumidores y usuarios”.