ROMÁN DELGADO | Santa Cruz de Tenerife
El sector agrario local vuelve a estar revolucionado por las dificultades cada vez mayores que hay de defender sus intereses económicos. Y es que esta vez, y no es la primera, se ha vuelto a poner en entredicho la archiconocida orden de 12 de marzo de 1987 del Ministerio de Agricultura (la de normas fitosanitarias relativas a la importación, exportación y tránsito de vegetales y productos vegetales en Canarias), que, tal y como se puso de manifiesto la semana pasada (martes) en una reunión celebrada en la sede tinerfeña de la Consejería de Agricultura, sufre serias presiones e incluso amenazas institucionales, del Gobierno central, para que sea derogada o bien modificada.
La respuesta no se ha hecho esperar y además ha sido contundente: todas las organizaciones agrarias con representación en el Archipiélago, al menos las más importantes, entre ellas las tres catalogadas como profesionales, han dicho que no a tal intención; o sea, que esa orden no se cambia y que la única apuesta válida hoy es su defensa integral.
El problema que se plantea, si fuera derogada, es muy serio, delicadísimo, sobre todo porque esa orden es la que permite el control en aduana de las importaciones vegetales con destino a Canarias; esto es, que muchos productos llegados de fuera de las Islas no puedan acceder al mercado local por cuestiones fitosanitarias, para así poder proteger el campo isleño de plagas y enfermedades que ya afectan a aquellos lugares de origen.
Tal y como señaló una fuente que estuvo en la cita de la Consejería de Agricultura, que contó con representación de Asaga, COAG-Canarias, UPA, Palca, Aspa y la Cooperativa La Candelaria, desde el Ejecutivo central se trasladó a Canarias una queja formal del Gobierno de Chile en contra de la aplicación de aquella orden, lo que motivó una comunicación oficial de Madrid hacia el Gobierno de Canarias y, como consecuencia de ello, la convocatoria de la citada reunión técnica, en la que se planteó a los representantes agrarios una terna de posibilidades: la derogación de la orden, su modificación o bien defender el texto legal tal cual está.
La piña tropical que se produce en El Hierro sigue adelante gracias a la orden ministerial
De las tres opciones, la puesta unánime del sector productor local fue la defensa total y absoluta de la orden ministerial de 12 de marzo de 1987, que, según indicaron fuentes presentes en la reunión, es la norma legal que ha posibilitado que tierras de cultivo en las Islas no se hayan visto aún más afectadas por plagas y enfermedades, y también el texto legal que ha servido de freno a la importación por motivos fitosanitarios, lo que ha permitido el desarrollo en Canarias de cultivos tropicales, de frutales (entre ellos los cítricos) y de tubérculos.
Un caso muy especial es el de la piña tropical herreña, que, sin esa orden ministerial, la que impide por razones sanitarias la entrada de la misma fruta con procedencia foránea, no hubiera podido desarrollarse en parcelas del municipio de La Frontera. La nueva amenaza llegada de Madrid, tras quejas del Gobierno chileno, va en serio, igual de en serio que la defensa que el sector hace en pleno de la única herramienta legal y específica de protección del campo canario. Sin esa norma, muchos cultivos lo tendrían muy difícil para subsistir, puesto que la competencia con las importaciones será imposible.
[apunte]Muchas presiones
Detrás de la presión ejercida con dureza por el Gobierno de Chile en relación con los controles fitosanitarios que se aplican en Canarias a la entrada de productos vegetales, están, sin lugar a dudas, muchos importadores de frutas, hortalizas y tubérculos que operan desde la Península o bien desde las mismas Islas. El cumplimiento en Canarias de los preceptos de la orden ministerial de 12 de marzo de 1987 no ha sido fácil, sino todo lo contrario, en especial por la falta de medios materiales y humanos en los controles en frontera, que dependen de la Administración General del Estado, y luego, para los artículos que sortean el análisis en aduana, en los mismos puntos de venta de esos productos en las Islas, donde las competencias ya son del Gobierno de Canarias.
La existencia de la citada orden permite que aún se puedan desarrollar actividades agrícolas locales como el cultivo de frutas tropicales, entre ellos el de aguacate y de la piña tropical en El Hierro, e incluso la producción de cítricos y de muchas de las hortalizas con las que hoy se abastece el mercado isleño. La desaparición de esa norma, como indican los agricultores locales, supondría la muerte de muchos cultivos y la entrada, ya sin remedio, de muchísimas plagas y enfermedades vegetales, más de las que hoy en día afectan al campo isleño, entre las que hay algunas muy graves, como la virosis del tomate o la polilla guatemalteca de la papa. Además, hay otras actividades agrícolas, como la producción de piña tropical y algunos cítricos y frutas tropicales, que no podrían competir con las ofertas importadas, más baratas, y se verían abocadas a la desaparición.[/apunte]