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El alcalde y 6 acusados más, a juicio por el ‘caso Varadero’

PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE EL ROSARIO
Secretaria, alcalde, interventor y edil de Urbanismo, en un pleno de El Rosario. / DA

VICENTE PÉREZ | El Rosario

El caso Varadero ha entrado en una nueva y definitiva fase. La juez Carolina Déniz, una de las cuatro magistradas y dos fiscales que han intervenido en la instrucción de esta causa desde que en 2007 presentó la denuncia el partido IR-Verdes, ha abierto juicio oral contra siete acusados

En concreto, se sentarán en el banquillo el alcalde, Macario Benítez; la concejal de Urbanismo y consejera insular de Me-dio Ambiente, Ana Lupe Mora; el concejal de Medio Ambiente y Limpieza Pública, Abel Acosta; los exediles Laurentino Quintana, María Elba Delgado y Andrés Hernández; todos ellos del PSOE, así como la secretaria del Ayuntamiento, Anita Alonso.

Se les acusa de prevaricación administrativa por tramitar y aprobar, a sabiendas de su ilegalidad, un plan parcial que preveía urbanizar con mil viviendas la ladera conocida como Varadero, casi 300.000 metros cuadrados entre Tabaiba y Barranco Hondo, a pesar de estar protegida por sus valores ambientales en el Plan Insular de Ordenación del Territorio (PIOT), y tener, por tanto, a estos efectos, la consideración de suelo rústico. Además, en aplicación de la Ley de la Moratoria Turística, la tramitación del plan parcial debió suspenderse en 2001.

La juez declara la apertura de juicio oral en un auto dictado en septiembre pasado, a la vista de que estos hechos “revisten las características de delito” y que las actuaciones “ofrecen méritos suficientes para exigir responsabilidad” a estas personas. La relación de imputados es más del doble de la que propuso la fiscal, Inmaculada Violán, para quien solo eran conocedores de que cometían un delito el alcalde, la edil de Urbanismo y la secretaria, al entender que el resto de concejales votaron en 2004 a favor de la urbanización fiándose de la apariencia de legalidad que le dieron Anita Alonso, Macario Benítez y Ana Lupe Mora. Para estos últimos la fiscal ha pedido ocho años de inhabilitación para ocupar cargo o empleo público.

Cuando el plan parcial llegó a la Cotmac en 2002, todos los informes recabados o realizados por el Gobierno canario eran negativos. El alcalde paralizó el trámite en la Cotmac por fax, y, en 2004, lo aprobó a petición del promotor por silencio administrativo en un pleno. En esa sesión Escolástico Gil (edil de IR-Verdes y denunciante del caso) advirtió de que el acuerdo era ilegal.

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Cinco sentencias

El plan de Varadero acumula una larga jurisprudencia en su contra: un auto y 5 sentencias, tres de esas resoluciones anteriores al visto bueno de la Cotmac. Cerró el litigio el Tribunal Supremo en 2011, tras recurso del promotor.

Tanto el Ayuntamiento como el empresario habían recurrido el PIOT, para que no se protegiera Varadero, y perdieron el caso, porque el Tribunal Superior de Justicia (TSJC) sentó que prevalece el plan insular. En 2007 el TSJC dio la razón a IR-Verdes anulando el acuer-do del pleno que aprobó el plan parcial. Y se ratificó una vez más el Tribunal en 2009 en otro recurso de este partido contra el Plan General.

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