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La amenaza de despido afecta a 18.000 empleados autonómicos

Paulino Rivero, ayer en la inauguración del Congreso Naturaleza Emprendedora 2012. / ÁNGEL MEDINA (EFE)

DOMINGO NEGRÍN MORENO | Santa Cruz de Tenerife

En la Administración autonómica de Canarias son 18.000 los empleados sobre los que se cierne la amenaza de la pérdida del puesto de trabajo, después de que el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicara ayer el real decreto ley que recoge el nuevo reglamento de los procedimientos de despido colectivo y de suspensión de contratos y de reducción de jornada.

Desde hoy, los entes, organismos y entidades del sector público que se encuentren en situación de déficit o cuyos presupuestos se hayan recortado un 5% en el ejercicio en curso o un 7% en los dos anteriores podrán aplicar los despidos colectivos (ERE) entre su personal laboral.

Quedan excluidos los funcionarios, mientras que el personal laboral fijo que hubiera adquirido esa condición a través de un proceso de concurso tendrá “prioridad de permanencia”.

De conformidad con lo establecido en el artículo 51 del Estatuto de los Trabajadores, la extinción de contratos del personal laboral se podrá fundamentar en “causas económicas, técnicas u organizativas”. Así venía ocurriendo en el ámbito privado.

Se entiende que concurren causas económicas “cuando de los resultados de la empresa se desprenda una situación económica negativa, en casos tales como la existencia de pérdidas actuales o previstas y la disminución persistente de su nivel de ingresos ordinarios o ventas”. La disminución es “persistente” si durante tres trimestres consecutivos el nivel de ingresos ordinarios o ventas de cada trimestre es inferior al registrado en el mismo trimestre del año anterior.

A juicio de UGT, el efecto de esta “poda” es aún “más dañino” que lo previsto en los borradores del real decreto ley. “Antes del verano se permitían los despidos si las administraciones u organismos públicos justificaban una reducción de su presupuesto del 10%”, explica el secretario general de FSP-UGT en Canarias, Francisco Bautista. “Hay un ensañamiento con el personal laboral del sector público”, denuncia.

En el conjunto de España, el reglamento afecta a un colectivo de 700.000 laborales contratados y a 140.000 asalariados de empresas con más del 50% del capital público. En julio de 2011 trabajaban en la Administración autonómica canaria 62.019 personas y en el mismo mes de 2012 eran 60.649. Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), entre el segundo trimestre de 2011 y el tercero de 2012 se destruyeron 14.500 empleos públicos en el conjunto de las administraciones del Archipiélago.

Del boletín estadístico del personal elaborado por la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas se deduce que Canarias contabiliza alrededor de 137.900 efectivos entre todas las administraciones (nacional, autonómica, insular y local). Por áreas de actividad, se distribuyen así: Administración periférica, 26.930; Administración autonómica, 62.649; ayuntamientos y cabildos, 45.646, y universidades, 3.317.

Dentro de la estructura de la Administración general de la Comunidad Autónoma de Canarias, las consejerías y sus organismos dan cabida a unos 8.330 empleados; la docencia no universitaria, a 26.370, y los organismos sanitarios, a 25.060. Los efectivos de las fuerzas de seguridad son 95, en tanto que en Justicia hay 2.156 trabajadores.

Hoy en día, calcula Bautista, “el 99,9% de las administraciones públicas canarias podrán acogerse a esta disposición”.

En este escenario, el secretario general de UGT-Canarias, Gustavo Santana, asegura que las “pretensiones reales” de la CEOE de Tenerife son que el Gobierno de Paulino Rivero prescinda de 18.000 empleados públicos (el 30%), y no de los 5.000 (8%) de los que hablaba José Carlos Francisco. “Este severo ajuste va a re percutir significativamente en el consumo”, alerta Santana. “Esa espiral nos va a llevar a un profunda depresión”, apostilla.

[apunte]El Gobierno canario exigirá contratar isleños a las empresas a las que ayude
El Gobierno canario prevé exigir a las empresas que contraten personal isleño para poder acogerse a “cualquier tipo de ayuda” que conceda el Ejecutivo el año próximo, a través de una disposición que estudia introducir en su presupuesto de 2013, anunció ayer su presidente, Paulino Rivero.

“Cualquier tipo de subvención, cualquier tipo de incentivo que pudiera dar el Gobierno de Canarias a empresas o autónomos lo va a condicionar a que las contrataciones que se hagan sean de gente residente en Canarias”, declaró al inaugurar el congreso Naturaleza Emprendedora 2012, organizado por la Confederación Canaria de Empresarios en Las Palmas de Gran Canaria.

Rivero aseveró que con esa iniciativa busca equilibrar la situación del mercado laboral del Archipiélago, que “sigue absorbiendo mano de obra foránea pese a la crisis”.Y ello, explicó, “a pesar de que entre la población de las Islas “sí hay nivel de preparación” para cubrir los empleos que surgen. El jefe del Ejecutivo regional eludió precisar, de todos modos, cómo se concretará la aplicación de esa medida, sobre la que la consejera de Empleo, Margarita Ramos, dijo que “está todavía en fase de determinación”.

Previamente, el presidente de la CCE-CEOE, Sebastián Grisaleña, mostró su consonancia con su homólogo en Tenerife, José Carlos Francisco, en cuanto a la “necesidad” de que la Administración pública se reduzca.

No obstante, matizó que desconoce si lo que sobran son 5.000 o 1.000 empleos públicos. Grisaleña incidió en que “tiene que adelgazar”.[/apunte]