a babor - Francisco Pomares

Bertiada – Francisco Pomares

El alcalde de Arona, José Alberto González Reverón, ha anulado la convocatoria de pleno en la que debería decidirse su inmediata sustitución por otro concejal. El señor González Reverón es el mismo alcalde al que la Guardia Civil intervino una conversación telefónica con el presidente Rivero en la que el presidente le pedía que echara una manita para colocar a su sobrina en la Policía Local.

El alcalde ha sido condenado por enchufar a dos personas en su municipio -a otras personas, no a la sobrina de Rivero, que no logró el puesto que quería para ella su tío-, pero no se ha dado por enterado de que debe dejar el cargo. Resulta que una condena por prevaricación implica la automática incompatibilidad con el cargo que se desempeña: la Ley Orgánica de Régimen Electoral General obliga a los cargos públicos a cesar en el cargo aunque la sentencia no sea firme.

Reverón, que revalidó la Alcaldía de Arona con una impresionante mayoría -es uno de los alcaldes coalicioneros que cuenta con mayor apoyo de sus ciudadanos-, ha intentado soslayar esa obligación legal de abandonar la poltrona haciéndose el loco, pero ya se han producido comunicaciones y aclaraciones del Juzgado (remitida al propio alcalde), de la Junta Electoral Central, de la Secretaría Municipal y hasta del interventor de Arona, que ha advertido de que si el alcalde se paga el sueldo podría estar incurriendo en un nuevo delito.

A pesar de los avisos y advertencias, González Reverón se ha enrocado en la Alcaldía, y no da un paso para irse. La cosa es que estamos a mediados de octubre, y llevamos así desde que se produjo la sentencia en el mes de junio.

Por eso tienen muchos -en Arona y fuera de Arona- la impresión de que el alcalde cree que la sentencia no le afecta. Si fuera un ciudadano común, probablemente ya se habría presentado la Guardia Civil en su casa. Esperemos que no haya que llegar a eso, pero la pregunta obligada es: ¿convocará de una vez el alcalde el pleno para dimitir? En Coalición deberían exigírselo: su dimisión no afecta a la mayoría, y Arona seguirá siendo gobernada por los nacionalistas. No se entiende esta situación de descarado incumplimiento de la legalidad.

Es cierto que vivimos en el país de Rinconete y Cortadillo y que el enchufe es una práctica generalizada en nuestras administraciones. Pero cuando a uno le cogen con las manos en la masa, lo someten a juicio y lo condenan, procede ceder los bártulos. González Reverón debería hacerlo ya.